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Los argentinos viajaban en dos micros para trabajar en cosechas.


La iniciativa fue propuesta por Alberto Asseff y cuenta con el apoyo de otros diez legisladores del mismo espacio. Para el diputado nacional la Ley N° 25.858 "es un mero recurso para la obtención de votos por parte del Poder Ejecutivo".
Nacionales11/08/2022
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Un polémico proyecto de Juntos por el Cambio (JxC) busca que los presos no puedan votar. Entre otras cosas, plantea derogar la Ley N°25.858 -sancionada en diciembre de 2003 y reglamentada en 206 por el ex presidente Néstor Kirchner- porque “es un mero recurso para la obtención de votos por parte del poder ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil de electorado del oficialismo”.


La controversial iniciativa fue presentada por el diputado nacional Alberto Asseff y cuenta con las firmas de otros diez legisladores del mismo espacio, Gerado Milman, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Jorge Vara, Maru Sotolano, Virginia Cornejo y Gerardo Cipolini.
Los detenidos argentinos que estaban procesados con prisión preventiva votaron por primera vez en las elecciones del año 2007, cuando finalmente fue derogado el artículo 3 inciso D del Código Electoral Nacional. En febrero de este año, además, la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo emitido por la Cámara Nacional Electoral en 2016, en el cual se garantiza el derecho al voto para aquellas personas que se encuentren condenadas en causas penales.

El diputado nacional de Juntos Alberto Asseff.
Para Juntos, "el procedimiento para el sufragio para personas privadas de la libertad implica una erogación económica que obviamente debe ser afrontado por las arcas del Estado" y propone que el dinero "podría destinarse a calidad y mejoras de la situación carcelaria de los mismos internos a los que el oficialismo intenta 'beneficiar' con el otorgamiento del sufragio".
Sobre este punto argumentaron que "para llevar a cabo las elecciones en ámbitos carcelarios se requiere de una organización e infraestructura especial" que implica "reforzar la seguridad".
"Bien sabido es -dice el proyecto al que tuvo acceso PERFIL-, que en oportunidad de llevarse a cabo los comicios, el personal de las fuerzas debe abocarse enteramente a los actos eleccionarios. Por cuanto celebrar elecciones en penales, instituciones tales como comisarías o delegaciones (pues allí también puede haber personas con prisión preventiva) implica un riesgo grave a la seguridad".
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Aunque no existen antecedentes de fuga o motines, los diputados plantean que la votación en centros de detención significa un "riesgo para la sociedad, el personal y los propios internos, pues el escenario se encontraría apto para que se lleven adelante motines o fugas".
Además, señalaron que "la privación de la libertad de una persona indefectiblemente lo pone en una situación en la cual ciertos derechos y obligaciones no pueden ser ejercidas". "Resulta harto contradictorio obligarlos a llevar a cabo una imposición cívica tal como el voto, habida cuenta además, que la persona detenida mal puede lograr un estado mental en el cual le permita el discernimiento tal que lo lleve a elegir correcta y conscientemente a sus representantes, por cuanto dicha persona se encuentra mentalmente enfocada en su entorno carcelario y en lograr su libertad", indicaron.





Los argentinos viajaban en dos micros para trabajar en cosechas.

En Estados Unidos no cayó bien la decisión de Javier Milei de suspender su participación en el sorteo del Mundial.

La confirmación llegó tras una jornada de fuertes rumores de salida.

La Cámara de Diputados volverá a reconfigurar su mapa político a partir de la decisión de tres legisladores de abandonar el bloque de Unión por la Patria. El movimiento, impulsado por representantes catamarqueños, deja al oficialismo de Javier Milei en una posición clave: pasa a igualar en número de bancas al peronismo y se encamina a consolidarse como la primera minoría del recinto.

Las entidades que los engloban salieron a advertir sobre los riesgos de aplicar esos cambios.

El jefe de Gabinete echó a José Rolandi y modificó el organigrama en Casa Rosada.







Un susto que pudo ser mucho peor se vivió este lunes por la mañana en Río Grande, Tierra del Fuego, cuando el recientemente llegado avión Basler BT-67 perteneciente a la empresa Mirgor se despistó durante una maniobra de despegue en el aeropuerto local. La aeronave, que se encontraba realizando un vuelo de entrenamiento para pilotos, terminó fuera de pista y sufrió importantes daños estructurales, aunque sus tres ocupantes resultaron ilesos.

El Tribunal de Cuentas de La Pampa publicó en el último Boletín Oficial una serie de fallos que revelan importantes irregularidades administrativas en distintas Comisiones de Fomento, imponiendo cargos económicos millonarios y multas personales a sus responsables. Los casos más relevantes afectan a las administraciones de Damián Maisonnave con 11.8 millones de pesos, luego figuran Loventuel y Agustoni con cargos menores. Se detectaron pagos indebidos, uso inadecuado de fondos públicos y reiterados incumplimientos en la rendición de cuentas.


Un grave episodio de violencia tuvo lugar anoche en el Destacamento Policial de Maisonnave, donde un individuo ingresó en evidente estado de exaltación, insultando y amenazando al personal de guardia, mientras intentaba agredir físicamente a uno de los efectivos. Durante el altercado, el hombre produjo daños tanto en las instalaciones de la dependencia como en un móvil policial identificado, tras lo cual se dio rápidamente a la fuga.

El fiscal solicitó condenas máximas y la absolución de un imputado que habría actuado bajo coacción; el veredicto se conocerá el 17 de diciembre

La víctima, María Natalia Jeannée, vicedirectora de la Escuela Hogar de La Humada, fue hallada sin vida debajo de su vehículo

El presidente de la comisión de fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, vuelve a quedar bajo la lupa luego de que el Tribunal de Cuentas de La Pampa determinara que utilizó recursos públicos para pagar los honorarios de su abogado defensor en una causa penal por abuso de autoridad. Según la resolución, ese gasto debía ser afrontado de manera estrictamente personal y no con fondos pertenecientes a la comuna.

El Poder Ejecutivo provincial estableció un horario reducido de 9 a 12 horas para la Administración Pública durante enero de 2026, una medida excepcional que busca disminuir costos operativos, optimizar el uso de la energía y adecuar la atención al público a la demanda estacional, sin afectar los servicios esenciales ni los haberes del personal.







