En el marco del convenio firmado con San Luis, la semana pasada se trasladaron 40 personas a una cárcel de máxima seguridad en dicha provincia. La situación ocasionó malestar en familiares y abogados, como Omar Gebruers, quien planteó que es "inconstitucional".
La iniciativa fue propuesta por Alberto Asseff y cuenta con el apoyo de otros diez legisladores del mismo espacio. Para el diputado nacional la Ley N° 25.858 "es un mero recurso para la obtención de votos por parte del Poder Ejecutivo".
El Gobierno una vez más totalmente desconectado de la realidad, autorizó la compra de 225 televisores para equipar las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal para que los presos puedan disfrutar el Mundial de Fútbol que se celebrará a fin de año.
Se conformó un Plenario de comisiones de Legislación General y Hacienda y Presupuesto para tratar el proyecto del Gobierno provincial por el que se aprueba el Convenio Complementario de Cooperación “Alojamiento de procesados y condenados de la Provincia de La Pampa en la Provincia de San Luis en el marco del tratado El Caldén".
El desembolso se hará a partir de un fondo fiduciario al que hacen aportes las empresas de tecnología y comunicaciones; se trata de ocho complejos penitenciarios y cerca de 11.000 personas privadas de la libertad que contarán con mejor servicio de internet.
El oficialismo nacional sumó 9500 votos para diputados nacionales entre las personas privadas de la libertad.
Armando Agüero, fiscal general, se refirió a la problemática originada a nivel nacional con la emergencia carcelaria.
El juez de Ejecución Penal, Martín Saravia, confirmó la situación de hacinamiento en las comisarías y alcaidías de la provincia en plena pandemia del coronavirus. Responsabilizó al Servicio Penitenciario Federal por no dar plazas.
