
El fallo argumentó que no corresponde otorgar beneficios a condenados por delitos contra los derechos humanos.


La sexta semana del juicio oral por el homicidio de Lucio Abel Dupuy comenzó con las declaraciones de seis testigos de las defensas, entre ellos un familiar de Abigail Páez, una de las acusadas por la muerte del niño de cinco años. La otra imputada es la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti.
Judiciales14/12/2022
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SANTA ROSA | El pequeño falleció el 26 de noviembre de 2021 y el hecho habría ocurrido en el departamento de Allan Kardec 2385, en Santa Rosa, donde él vivía con ambas mujeres. Espósito Valenti, de 25 años, está acusada por el Ministerio Público Fiscal de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal y oral; agravado por ser la ascendiente (progenitora), por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía.


A su vez a Páez se le imputó los delitos abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal y oral; agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. La querella particular le sumó la agravante de homicidio fue odio de género.
Las primeras preguntas a la familiar de Páez, en el 15° día del debate, fueron formuladas por la defensora oficial de esta última, Silvina Blanco Gómez. En ese contexto interrogó a la testigo sobre la sexualidad de la acusada, su relación con Espósito Valenti, el vínculo entre las dos, de qué trabajaba Abigail, cómo se relacionaba con niños y niñas, si visitaba a Lucio, si este iba a su casa y si alguna vez le vio marcas en el cuerpo.
También la defensa quiso saber si vio a Páez durante el día del crimen, si sabía que había comprado dos entradas para ir a ver un espectáculo, qué le dijo Abigail cuando la llamó esa noche, si concurrió al hospital Evita, etc.
Luego fue el turno del defensor oficial de Espósito Valenti, Pablo De Biasi; y a posteriori la fiscala Verónica Ferrero –dirigiéndose al familiar– ahondó en si observó lesiones en las manos y el mentón del niño, cuándo lo vio por última vez y cómo era el trato entre Páez y Espósito Valenti.

Por otro lado, el apoderado de la querella, José Mario Aguerrido –que representa a Christian Dupuy, padre de Lucio–, interpeló a la testigo acerca de cuándo conoció a Lucio y si Páez le contó lo que pasó la noche del viernes 26.
El audiencia hubo tres testigos que tuvieron muy poco tiempo en la sala. A una médica de la posta sanitaria del Barrio Aeropuerto se le recordó que había atendido una vez a Lucio. Un policía del Centro de Control Operación y Monitoreo Policial (Cecom) se limitó a reconocer un informe con el resumen de las presencias policiales, en las inmediaciones del departamento de la calle Allan Kardec, en un determinado período de tiempo. Y a otro testigo lo interrogaron sobre un episodio en donde Lucio se fracturó un dedo andando en bicicleta.

Más tarde se escucharon a dos docentes. La primera se refirió a una serie de dibujos que Lucio pintó en el jardín de infantes y habló de cómo fue su integración a la escuela, si Lucio faltaba a clases y si vio golpes o lesiones en su cuerpo. Y la segunda respondió preguntas acerca de si alguna vez surgieron indicios de hechos de violencia con respecto a Lucio.
El tribunal que tiene a cargo el debate está compuesto por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora.
Hoy, además de los funcionarios y abogados mencionados, asistieron al juicio el fiscal Marcos Sacco, la defensora oficial Paula Arrigone y la asesora de niñas, niños y adolescentes, Graciela Massara.
Antes de que concluya la jornada, De Biasi desistió de algunos testigos. El juicio continuará mañana a partir de las 8.





El fallo argumentó que no corresponde otorgar beneficios a condenados por delitos contra los derechos humanos.

De todos modos, el fisscal destacó la investigación que se sigue para dar con los autores intelectuales.

Es por la presunta apropiación indebida de más de $19.000 millones.

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