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En el pedido de juicio político a la Corte Suprema impulsado por el presidente, Alberto Fernández, aparecen entre otras las firmas de los gobernadores Mariano Arcioni, de Chubut, y Gustavo Bordet, de Entre Ríos. Pese a que Arcioni está de licencia, mientras que en el caso de Bordet desde su entorno aseguran que “no firmó el comunicado ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte”.
Durante la licencia de Arcioni, está a cargo del Ejecutivo provincial de Chubut el vicegobernador Ricardo Sastre, que no suscribió al documento.
En el caso de Bordet, desde el entorno del gobernador de Entre Ríos explicaron que el dirigente participó vía Zoom de la reunión que encabezó el Presidente en la Casa Rosada y aclararon que el dirigente “no firmó el comunicado ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte”.
Allegados al gobernador plantearon que “quizás hubo un error, sin ánimo de contradecir a nadie”, en declaraciones a la agencia NA, en referencia a la inclusión de la firma de Bordet en el pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal pese a que no está de acuerdo con el planteo.
Quiénes son los gobernadores que se desmarcaron de la Casa Rosada y pegaron el faltazo a la reunión
Un grupo de gobernadores decidieron desligarse de la ofensiva de Nación contra el máximo tribunal y faltaron a la reunión en Casa Rosada. Se trata de Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Sergio Uñac (San Juan). Todos ellos rechazaron el fallo del máximo tribunal que ordenó devolverle a la ciudad de Buenos Aires parte de los fondos recortados de coparticipación. Aunque no acompañaron el pedido de juicio político.
Las claves del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema
El pedido de juicio político alcanza al presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti y el resto de los miembros, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Habla de “una situación anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes”.
Plantea que la Corte “ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que ha quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño”.
Le pide a la Cámara de diputados que “en cumplimiento de su rol acusador ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, disponga las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político contra los magistrados mencionados”.
