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Pablo Parra, acusado por el brutal femicidio de la joven estudiante santarroseña Agustina Fernández en Cipolletti, recurrió a la Justicia para que se revise la prisión preventiva, mientras continúa la investigación para llevar el caso a juicio. A través de su abogado, Juan Manuel Coto, pidió "revocar" la medida preventiva por considerar que no hay riesgo para presumir que puede interferir en la causa, ni riesgo de fuga.
Parra permanece tras las rejas desde antes de Navidad, sospechado de ser el autor del femicidio de Agustina. Tras el operativo en el que se dispuso su detención fue trasladado a una comisaría de Cipolletti donde permanecía encerrado. La jueza Agustina Bagniole dispuso que fuese trasladado a una cárcel común cuando la prisión preventiva fuese confirmada.
La audiencia de revisión de la medida cautelar fue presidida por el juez Guillermo Baquero Lazcano por la plataforma Zoom y contó con la participación de los padres de la víctima. Parra estuvo presente junto a su abogado, con la mirada baja durante casi toda la audiencia.
Al finalizar la audiencia, antes de la resolución del juez, los padres de la joven hablaron brevemente. "No hay arraigo que valga para no fugarse ante una prisión perpetua". Y recordaron que Parra tiene los medios económicos y familiares en otros países, por lo que pidieron que siga preso.
Baquero Lazcano rechazó los argumentos de la defensa y confirmó la medida cautelar, que se extenderá durante seis meses.
El abogado defensor consideró que no está probada la probabilidad de que Parra sea el autor del femicidio, pero centró su presentación en el cuestionamiento al argumento de la Fiscalía -y la resolución de Bagniole- de fundamentar la prisión preventiva en el posible entorpecimiento de la investigación. "Parra nunca entorpeció la investigación, e incluso prestó colaboración porque permitió el análisis de su auto y dio muestras de ADN" cuando no estaba imputado, manifestó.
Coto anticipó que la estrategia de la defensa será "profundizar en medidas de prueba por otras líneas de investigación". Deslizó que las medidas de prueba fueron mal valoradas por la jueza Bagniole, pero por "decisión estratégica" no expuso argumentos en la audiencia de este jueves.
"La jueza reconoció que no hay riesgo de fuga", resaltó el defensor. Por lo que, consideró, la prisión preventiva se sostenía en la posible intromisión de Parra en la causa intimidando testigos, según había planteado la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos. "Debe ser revocada la decisión por problemas en la fundamentación", dijo Coto.
"Parra anotició a los investigadores, dio tres entrevistas personales, también lo hicieron sus familiares. Se prestó voluntariamente a exámenes médicos al día siguiente -del ataque-, participó de distintos operativos y en todos colaboró, se dejó fotografiar. Entregó su vehículo, que fue revisado con resultado negativo. Son todos elementos que eliminan el riesgo de entorpecimiento. Es la conducta del imputado durante seis meses. Y todo eso no fue valorado por la jueza", dijo Coto.
El fiscal Martín Pezzetta, por su parte, advirtió que hay riesgo de entorpecimiento y anticipó que la Fiscalía puede impugnar la medida de la jueza Bagniole por considerar que no atendió al riesgo de fuga como un peligro latente. El planteo de Pezzetta sorprendió al juez Baquero Lazcano por la demora que podría generar en el expediente y por ello propuso discutirlo en la audiencia de este jueves, lo que fue aceptado por las partes.
"Hay que pensar qué van a sentir las testigos si Parra sale libre. Y valorar todo lo que hizo Parra para desviar la investigación durante seis meses. Hay que tener en cuenta lo que hizo estando libre. No le podemos pedir que confiese, pero se puede valorar su conducta antes, durante y después del hecho", manifestó el fiscal.
Si bien Parra fue formalmente testigo durante gran parte de la investigación, Coto afirmó que "podía sentirse imputado" desde el primer día, ya que fue sometido a un examen médico para constatar si tenía lesiones propias de una golpiza. Fundamentó así su posición de que Parra no debe estar en prisión para no interferir en la causa.
Por último, el defensor sostuvo que "es infundado" el argumento del temor de testigos. "Todas las jóvenes que declararon dijeron no tener temor y no viven en la ciudad. Durante seis meses no fueron intimidadas por Parra", dijo Coto.
Pezzetta advirtió que, además del riesgo de entorpecimiento debe contemplarse el peligro de fuga. "Su situación cambió. Él colaboró cuando pensó que no suponía un peligro, hoy enfrenta una posible prisión perpetua. A eso hay que sumar que si obtiene un beneficio, como el control por tobillera o la prisión domiciliaria, tiene los recursos para fugarse".
El fiscal Santiago Márquez Gauna, por su parte, manifestó que la defensa no demostró faltas en la valoración de la prueba de la jueza sino que "manifestó discrepancias subjetivas".
La querella le pidió al juez Baquero Lazcano, en representación de los padres, que "tutele el derecho a justicia", garantizando la continuidad del proceso sin riesgo de intromisión o fuga.
Coto respondió que "si hay algo que no se discute es el arraigo de Parra en la ciudad y la zona, la existencia de de familiares y amigos en la zona y que tenía trabajo. El riesgo de fuga no se puede sostener solamente por la imputación -la posible pena- sino que hay que tener en cuenta otros factores y todos ellos indican que no hay riesgo de fuga".
Sobre el planteo de los acusadores en torno a una posible fuga por el cambio de su situación procesal, el abogado insistió en que Parra "supo en todo momento que la investigación se dirigía hacia él".
El magistrado consideró que no hubo objeciones de la defensa sobre la formulación de cargos y la prueba presentada, algo que Coto anticipó que hará en otra etapa del proceso. "Tenemos que partir de la base de que Parra tiene una acusación muy grave, con una pena muy grave, que fue habilitada (por la jueza Bagniole) para que pase a la etapa de preparación del juicio, que implica una presunción de culpabilidad sostenida con pruebas", dijo el magistrado.
La preventiva que cumple Parra es de seis meses y se podría prorrogar si los acusadores lo requieren.
