Hoy se realizó, en el Centro Judicial de Santa Rosa, la audiencia de imposición de pena en el marco del juicio oral que se les sigue a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez por homicidio calificado y abuso sexualmente gravemente ultrajante en perjuicio de Lucio Abel Dupuy, el niño de cinco años que murió el 26 de noviembre de 2021.
Judiciales13/02/2023
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SANTA ROSA | Espósito Valenti, la madre del pequeño, fue declarada el pasado 2 de febrero, por la Audiencia de Juicio que conforman la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.
A su vez, Páez fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento; en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.
Como en La Pampa rige el llamado “juicio de cesura” el debate se dividió en dos partes. La primera concluyó con las declaraciones de autoría; y hoy se inició la segunda, que finalizará el próximo viernes, a las 12, cuando el Tribunal dicte la sentencia de la imposición de pena.
A la audiencia concurrieron en forma presencial el fiscal general Máximo Paulucci; la fiscal Verónica Ferrero; el querellante particular José Mario Aguerrido –en representación del padre de Lucio, Christian Dupuy, quien también asistió–; las asesoras de niñas, niños y adolescentes, Graciela Massara y María Gabriela Manera; y personal de la Oficina Judicial. En cambio, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez, el defensor oficial Pablo De Biasi y las imputadas participaron a distancia desde San Luis, donde Espósito Valenti y Páez permanecen detenidas.
Las imputadas no estuvieron en forma presencial, permanecieron en San Luis
Alegatos.
Ferrero, en el inicio de los alegatos, pidió que ambas acusadas sean condenadas a prisión perpetua porque, frente a los delitos cometidos, el Código Penal prevé solamente esa pena.
Aguerrido adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal, pero le añadió el requerimiento de que la pena sea de reclusión por tiempo indeterminado, una alternativa que prevé el artículo 52 del C.P., en relación con el 80. Lo fundó, entre otras razones, en la extensión del daño provocado a “un chico absolutamente vulnerable”, agregando que la muerte de Lucio fue el final de un proceso de maltrato infantil.
Por su parte, Blanco Gómez le pidió al Tribunal que cuantifique la pena que le correspondería a Páez, por entender que si se aplicase la prisión perpetua –con las normas vigentes hoy en el país– “solo saldrá de la cárcel con su muerte, ya que actualmente la pena perpetua es material y literalmente perpetua”. Además solicitó que esa cuantificación sea la mínima por la carencia de antecedentes penales y la edad de la imputada (28 años); y afirmó que la Corte Suprema ya fijó la inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado.
Finalmente, De Biasi, al hablar por Espósito Valenti, brindó argumentos similares. Requirió que se le cuantifique la sanción (habló de “una pena en años”). Sostuvo que la prisión perpetua que establece el Código Penal es inconstitucional, que los tratados internacionales impiden la aplicación de penas “crueles, inhumnas y degradantes”, y que con la perpetua ni siquiera la acusada tendría acceso –en algún momento– al beneficio de la libertad condicional para su “readaptación social”. A diferencia de Blanco Gómez mencionó un número: afirmó que el tiempo máximo de la prisión perpetua en la Argentina es de 25 años y requirió que se le aplique el mínimo legal.
En sus réplicas a esos fundamentos, Ferrero manifestó que “la prisión perpetua es constitucional y no es contraria a las convenciones y tratados internacionales”; y Aguerrido remarcó que “la Corte Suprema ya fijó la constitucionalidad de la prisión perpetua” y que “no corresponde fijarla en años”.
Antes que Ongaro, como presidenta de la Audiencia, anunciara que el viernes se conocerán las penas que recibirán Espósito Valenti y Páez, preguntó si alguna de las imputadas quería hablar y ambas –a través de sus defensores– respondieron que no.
Un vecino de La Matanza fue detenido y acusado de engañar a una jubilada piquense haciéndose pasar por su hijo y por el fiscal general Armando Agüero. Le robó 4.500 dólares. La Justicia ordenó 90 días de prisión preventiva mientras se investiga si integraba una banda dedicada a delitos similares.
El máximo tribunal rechazó el intento de los abogados del ex funcionario de anular la sentencia dictada hace tres semanas.
El juez Diego Ambrogetti impuso una pena de efectivo cumplimiento a Matías Nicolás Basualdo, tras un juicio abreviado en el que el imputado admitió haber arrebatado las pertenencias de una mujer que viajaba en moto. Su cómplice obtuvo una probation.
Los cinco habían iniciado el trámite de refugiados en la Argentina.
Los sospechosos habrían sustraído mercadería por unos 2.000 dólares en locales de marcas reconocidas del shopping Dolphin Mall. Enfrentan cargos por robo minorista y defraudación, con fianzas que alcanzan los 4.500 dólares.
Así lo dispuso el fiscal Eduardo Taiano.
El Tribunal de Cuentas de La Pampa publicó en el último Boletín Oficial una serie de fallos que revelan importantes irregularidades administrativas en distintas Comisiones de Fomento, imponiendo cargos económicos millonarios y multas personales a sus responsables. Los casos más relevantes afectan a las administraciones de Damián Maisonnave con 11.8 millones de pesos, luego figuran Loventuel y Agustoni con cargos menores. Se detectaron pagos indebidos, uso inadecuado de fondos públicos y reiterados incumplimientos en la rendición de cuentas.
Un grave episodio de violencia tuvo lugar anoche en el Destacamento Policial de Maisonnave, donde un individuo ingresó en evidente estado de exaltación, insultando y amenazando al personal de guardia, mientras intentaba agredir físicamente a uno de los efectivos. Durante el altercado, el hombre produjo daños tanto en las instalaciones de la dependencia como en un móvil policial identificado, tras lo cual se dio rápidamente a la fuga.
La víctima, María Natalia Jeannée, vicedirectora de la Escuela Hogar de La Humada, fue hallada sin vida debajo de su vehículo
El Poder Ejecutivo provincial estableció un horario reducido de 9 a 12 horas para la Administración Pública durante enero de 2026, una medida excepcional que busca disminuir costos operativos, optimizar el uso de la energía y adecuar la atención al público a la demanda estacional, sin afectar los servicios esenciales ni los haberes del personal.
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En las últimas horas, un profundo gesto de agradecimiento llegó a la Comisaría Departamental de Realicó, donde una mujer se presentó para reconocer públicamente la labor de un efectivo policial que, con su rápida intervención, salvó la vida de su nieto de cinco años.
El partido Comunidad Organizada difundió un comunicado en el que denuncia presuntas maniobras de “engaño y ocultamiento” por parte del gobernador Sergio Ziliotto y del Poder Ejecutivo provincial en el proceso de licitación del área petrolera El Medanito, una de las principales zonas productivas de La Pampa.
