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Un llamado al teléfono de atención a víctimas de violencia ya había levantado una de las tantas alertas sobre el maltrato que sufría Lucio Dupuy. El niño de cinco años estuvo soportando violencia física, psicológica y sexual hasta que fue asesinado en su casa de La Pampa. Una vecina escuchó gritos y llantos el pasado 5 de agosto antes de denunciar la situación ante las autoridades de la provincia. Pero un error en la dirección del hogar no le permitió a la policía llegar hasta el domicilio.
El caso Lucio conmovió a la sociedad argentina por los salvajes abusos que sufría el niño por parte de su madre y su pareja, ya condenadas a reclusión perpetua. Tanto el año pasado como en 2021, hubo unas 21.000 llamadas en todo el país para denunciar violencia infantil, maltrato y abuso en las líneas de ayuda que ofrece el Estado, según los datos oficiales analizados por Infobae.
Son unos 60 llamados por día por distintos tipos de violencia que sufren niñas y niños a la línea de teléfono 102, la primera que habilitó el Estado a nivel nacional para abocarse a atender esta problemática. Las denuncias aumentaron oficialmente un 5% en 2022 con respecto al año anterior, pero los datos prácticamente se mantienen estables ya que en el primer período no estaban contabilizados casos de Santa Cruz, San Luis, Chubut y La Pampa.
Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, calificó como “grave y compleja” la situación de los chicos. “Tenemos que buscar nuevas soluciones para hacernos responsables, para entender qué pasa en el mundo adulto que avasalla de esta manera a los niños. El Estado ha avanzado con la instalación de la línea 102 en todo el país, pero no alcanza esta medida para evitar la violencia y los maltratos”, indicó.
El asesinato de Lucio Dupuy impulsó una nueva ley que amplía las facultades de Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para trazar un plan que establezca la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra los chicos para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. La Ley Lucio, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, fue incluida por el presidente Alberto Fernández en la agenda de las sesiones extraordinarias para que finalmente sea aprobada por el Congreso.
La SENAF montó la línea telefónica 102, que desde el año pasado ya cuenta con centros de ayuda en todo el país, es decir, que autogestiona cada provincia. La Pampa, donde fue asesinado Lucio Dupuy, fue la última provincia en adherirse a esta línea de ayuda, justamente luego del crimen. La línea 102 es una herramienta que facilita un espacio para que incluso los propios chicos puedan contarle al personal capacitado las experiencias traumáticas.
“Tenemos un crecimiento leve en las llamadas, pero esto no implica que haya más situaciones de violencia. Podemos decir que ahora hay más situaciones de violencia que son denunciadas. Antes era muy común escuchar la frase: ‘Cada casa es un mundo’. Pero el comportamiento social fue cambiando. Hoy tenemos una situación como sociedad más comprometida, más involucrada en denunciar este tipo de abusos”, aseguró Gisela Clivaggio, directora de Desarrollo Institucional de la SENAF, ante la consulta de Infobae.
Como ocurrió en el caso de Lucio, el principal motivo de las llamadas que denuncian violencia contra niños están enfocadas en el maltrato físico. Son más de 8000 casos en los últimos años, casi un 40% de las comunicaciones que recibe el teléfono 102 por casos de violencia infantil, como aquel llamado de un vecino que pudo haber puesto en alerta a las autoridades sobre la situación que atravesaba el niño.
“Es lamentable lo que ocurrió con Lucio, porque si la policía hubiese concurrido al domicilio denunciado y no a otro, o se hubiese buscado más información, posiblemente no estuviéramos lamentando la pérdida de Lucio y su brutal asesinato”, aseguró Graham. Y cuestionó: “Otro problema es qué hizo el Estado antes de la llamada de ayuda. Es importante saber por qué en algunas instituciones públicas donde circuló Lucio no se encendieron señales de alerta, ni se activaron los protocolos. La provincia todavía no pudo dar cuenta de información sobre este tema”, agregó.
La familia de Lucio anunció durante el juicio contra su madre que denunciaría a la provincia de La Pampa ante organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no responder a los pedidos sobre el cuidado del niño de cinco años.
La línea 102 también ofrece una radiografía sobre las distintas características de la violencia infantil: más de la mitad de las llamadas están relacionadas con distintos tipos de violencia sobre niños. Otro de los motivos que suele repetirse es el pedido de ayuda por la falta de cuidados básicos a un niño, catalogado oficialmente como “negligencia” por parte de los padres o tutores, que representan otro 30% de esas llamadas.
“Es una situación donde, pudiendo dar respuesta a una necesidad básica de un chico, eligen no dársela. Hay situaciones de negligencia muy graves, como un niño que fue dejado solo encerrado todo el día en su casa, a sabiendas de lo peligroso que pueden ser los accidentes domésticos, o niños que fueron vestidos de manera que no es acorde con el clima, o casos de niños que estando enfermos no recibe la medicación correspondiente”, detalló la funcionaria Clivaggio.
¿Quiénes son los denunciantes? La mayoría de las personas que llaman al 102 son mayores de edad que pertenecen al entorno afectivo de la víctima, sobre todo familiares y/o vecinos, que representan en total el 43% de los casos, según datos oficiales. El 38% de las llamadas son realizadas por personas anónima, que prefieren no revelar la identidad ante un tema que suelen considerar “privado”, pero eligen advertir a las autoridades. Sólo el 1% de los que levantan el teléfono para pedir ayuda son los propios niños.
Las denuncias también pueden ser un indicativo de la complejidad de esta problemática en las distintas provincias. Los datos oficiales indican que Tucumán, Formosa, Jujuy y Chaco, en este orden, son los distritos con más alta tasa de denuncias por violencia por cada 100.000 habitantes durante los últimos años.
