El 28 de marzo pasado, a media tarde, después de comunicarse telefónicamente con una mujer, el hombre fue a buscar el dinero que le había exigido para concretar el llamado “cuento del tío”. Sin embargo, la víctima le avisó a la policía de esa llamada y, por eso, cuando el imputado apareció en una moto, fue detenido en el acto.
Judiciales28 de abril de 2023
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Por ese hecho, la jueza de control santarroseña, María Paola Frigerio condenó –en el marco de un juicio abreviado– a Santiago Agustín Muzzupappa a un año de prisión en suspenso, por ser autor material de los delitos de estafa en grado de tentativa y resistencia a la autoridad. Además, una vez que la resolución quede firme, se le decomisará el vehículo, una Yamaha 700 c.c. negra sin chapa patente.
El abreviado, un procedimiento alternativo para la solución de conflictos penales, fue convenido entre la fiscala Natalia Urruti, el defensor particular Leandro Lobato Epinal y el propio acusado, un joven de 23 años con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quien durante este mes permaneció preso en la alcaidía de la Unidad Regional I. Frigerio, al dictar el fallo, homologó ese acuerdo. La damnificada, al ser informada sobre los alcances del acuerdo, dio su consentimiento y requirió que, en lo posible, el acusado no ingrese más a La Pampa.
Con las evidencias reunidas durante la investigación fiscal preparatoria quedó probado que Muzzupappa se comunicó telefónicamente –quedó acreditado que fue él cuando se analizó su celular– con una mujer con la intención de “sacarle información sobre ella y su familia. Le consultó si en la casa tenía dinero, indicándole que juntara toda la plata y la colocara en una bolsa, maletín u otro objeto, donde pudiera ponerla y que luego la dejara en la parte frontal de su vivienda”, en Santa Rosa.
Posteriormente, a las 18.30, le avisaron a la víctima que “estaba llegando un cadete a buscar el dinero”. Luego de unos minutos apareció una “moto de gran tamaño” y su conductor se acercó “hasta la puerta de rejas y tomó el paquete con el dinero”. Cuando salió, como la mujer había alertado a la policía, fue aprehendido. La bolsa de consorcio contenía 5.000 pesos y papeles.
Frigerio, al evaluar las pruebas, señaló que Muzzupappa contactó a la víctima por el teléfono fijo, le pidió que dejara el dinero en una bolsa “aduciendo estar con un familiar que lo requería” y precisó que un tal Beto lo retiraría.
La mujer, luego de la llamada, contactó a la policía y esta preparó un operativo para detener al imputado cuando llegó a la vivienda (quedó registrado en cámaras de seguridad). “En ese momento, habiendo dado el personal policía la voz de alto, (Muzzupappa) hizo caso omiso y se dirigió rápidamente hacia su vehículo, produciendo un forcejeo antes de ser aprehendido”, detalló la jueza en la sentencia.
Finalmente, la magistrada le fijó al acusado las siguientes pautas de conducta durante dos años: fijar residencia y someterse al control de la Unidad de Abordaje, Orientación y Supervisión de personas en conflicto con la ley penal.​
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
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La motociclista sufrió la fractura de tibia y peroné. Además, le quedaron secuelas por el choque. La imputada también quedó inhabilitada para conducir y deberá cumplir reglas de conducta.
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