Un agente de la Policía de La Pampa fue sentenciado a pagar pagar $1.850.000,00 en concepto de "perjuicio patrimonial" al Estado. Se trata de un cargo que se le formuló por dañar una motocicleta en un siniestro.
Provinciales27/05/2023
InfoTec 4.0
El fallo del organismo fue dado a conocer en la última edición del Boletín Oficial. En la sentencia, el Tribunal de Cuentas citó la resolución de la fuerza de seguridad a través de la cual se le atribuyó "responsabilidad disciplinaria" al agente por la "falta disciplinaria tipificada en el Artículo 58 incisos 15) y 21) de la NJF 1034/80". Esta resolución quedó "firme, consentida y fue debidamente notificada".
Estas actuaciones fueron remitidas al Tribunal que conduce María Alejandra "Marita" Mac Allister, que se lo giró a la Jefatura de Juicios de Responsabilidad. Este área, teniendo en cuenta la "justipreciación correspondiente para la adquisición de una moto de iguales características a la siniestrada, ordenó que se libre oficio a la Jefatura de Policía de la Provincia de La Pampa o al que correspondiere en su defecto, a fin de que informe si existe reclamo económico alguno contra la Provincia de La Pampa por los daños causados al vehículo dominio FVU-664 en el siniestro ocurrido en fecha 23 de marzo de 2019".
En ese sentido, el Departamento de Logística de la Policía informó que "no existe ningún reclamo económico por los daños causados y conforme surge del informe de foja 299, el valor de reposición de la moto siniestrada asciende a $1.850.000,00". En virtud del "daño patrimonial advertido, "se ordenó la apertura de Juicio de Responsabilidad contra el Agente y el traslado de la estimación efectuada".
Conformidad.
El organismo fijó una audiencia para que "el presunto responsable ofrezca la prueba de la que intente valerse, referida exclusivamente al monto del daño que se le atribuyó". El agente se presentó junto a dos abogadas, quienes solicitaron que se le otorgue vista de las actuaciones.
El pasado 28 de abril, el responsable "compareció junto a su letrada patrocinante y manifestó su conformidad con el monto del daño estimado", se señaló en la sentencia. En ese marco, también "solicitó el pago en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 185.000,00, y que el mismo le sea descontado de sus haberes a través de la Contaduría General de la Provincia".
La Jefatura de Juicio de Responsabilidad elevó su conclusión sumarial al Tribunal de Cuentas, que coincidió con ella. Por estos motivos, emitió un fallo donde le formuló al agente el cargo "por la suma de $ 1.850.000,00, en concepto de perjuicio patrimonial para el Estado" y dio "por concluido el Juicio de Responsabilidad iniciado en su contra".
En el artículo 2º, el organismo hizo lugar "a la solicitud del responsable respecto del pago del cargo formulado en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 185.000,00, en virtud de la responsabilidad que se deriva del daño ocasionado". La sentencia fue remitida a la Contaduría General para que haga los descuentos correspondientes.
Un cabo tiene que pagar $ 37.000 por una falta.
Un cabo de Policía deberá pagar unos 37 mil pesos por ocasionar un perjuicio patrimonial al Estado. Así lo decidió el Tribunal de Cuentas, que lo sentenció por los daños provocados a un patrullero.
La novedad se dio a conocer en la última edición del Boletín Oficial, donde se publicó la sentencia del organismo que conduce María Alejandra "Marita" Mac Allister. En los considerandos, se recordó que al Cabo de Policía se le atribuyó "responsabilidad disciplinaria" por una "falta cometida y encuadrada en el Artículo 58 inciso 15 de la NJF 1034/80". En esa normativa se establece que se le dará "lugar a sanción de arresto hasta 45 días o suspensión de empleo de hasta 60 días, impuesta por resolución dictada en sumario administrativo", a quien ocasione "deterioro, destrucción o pérdida del uniforme, armamento o equipo, prendas y demás bienes de la Institución o no ejercer su debido control sobre los existentes en la jurisdicción o dependencia a su cargo".
Esta resolución "está firme, consentida y fue debidamente notificada". Luego, se giraron las actuaciones al Tribunal de Cuentas y se le dio intervención "a la Jefatura de Juicios de Responsabilidad".
En la sentencia se indicó que "la Jefatura, a fin de justipreciar el perjuicio patrimonial, ordenó se libre oficio al Departamento Logística para que informe el valor total de los daños producidos al Legajo Nº 3116, marca Renault Logan, perteneciente al Departamento Logística D1. El perjuicio económico para el estado quedó determinado en la suma de $ 37.599,32".
En virtud del "daño patrimonial advertido", se ordenó "la apertura de Juicio de Responsabilidad contra el Cabo de Policía, como así también, el traslado al mismo de la estimación efectuada". Durante el proceso, se fijó una audiencia para el 12 de febrero de 2020 con el objetivo de que "el presunto responsable se presente en la sede de este Tribunal y ofrezca la prueba de la que intente valerse, referida exclusivamente al monto del daño que se le atribuyó". Sin embargo, no se presentó.
El organismo coincidió con la conclusión de la Jefatura de Juicio de Responsabilidad y emitió un fallo a través del cual da "por concluido el Juicio de Responsabilidad al Cabo y en consecuencia formúlese cargo al responsable, por la suma de $ 37.599,32, en concepto del perjuicio patrimonial para el Estado".
En el artículo 2º, se emplazó al responsable "para que dentro de los 10 días de notificado del presente fallo proceda a depositar el importe del cargo formulado, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal".
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) falló a favor de un reclamo de la Coalición Cívica. La presidenta del organismo, Erica Riboyra, tiene 10 días para aportar documentación precisa sobre el estado del complejo habitacional.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 371, en jurisdicción de Winifreda. Dos vehículos que circulaban en el mismo sentido colisionaron y la acompañante del automóvil debió recibir asistencia médica.
El hecho ocurrió este martes por la mañana en el sector conocido como “Bajo de Burgarello”. Intervinieron personal policial, bomberos voluntarios y el servicio médico de Caleufú. Solo se registraron daños materiales.
La investigación judicial por el caso de intoxicación botulínica que terminó con la vida de una mujer en La Pampa sumó este martes un capítulo clave. La fiscal Cecilia Martini, del Ministerio Público Fiscal, recepcionó la declaración de la titular de la marca de conservas “Juli-Mar”, quien se presentó en sede judicial para realizar su descargo y presentar documentación relacionada con la actividad que desarrollaba.
El intendente de Toay, Ariel Rojas, encabezó este martes una conferencia de prensa de cierre de año, pero la aparición de casos de botulismo —que derivaron en la muerte de la artista Raquel Pumilla— concentró el eje del diálogo con los medios. El jefe comunal pidió prudencia, expresó su acompañamiento a las familias afectadas y defendió el sistema de controles municipales.
El bloque Comunidad Organizada realizó un balance de su trabajo legislativo durante el período en curso en la Cámara de Diputados de La Pampa, en el que evaluó avances, dificultades y líneas de acción sostenidas con el objetivo de proyectar una tarea parlamentaria enfocada en la defensa de los intereses provinciales. Según indicaron, su labor se estructura en ejes permanentes como el fortalecimiento de la transparencia institucional, el control del uso de los recursos públicos, la defensa de los servicios esenciales, la protección de los derechos ciudadanos y el respeto por la legalidad en la gestión provincial.
Emiliano León Valle, el niño de un año hijo de Selene Valle, oriunda de Realicó, fue dado de alta médica luego de haber atravesado con éxito el proceso de recuperación tras el trasplante hepático al que fue sometido el pasado 19 de diciembre en la ciudad de Córdoba y cuyo donante fue su papá. La noticia fue compartida por su mamá, quien hizo público el emotivo momento vivido por la familia al retirarse del hospital, cerrando una etapa marcada por la incertidumbre y dando paso a la esperanza.
Comerciantes de Realicó manifestaron ante este medio, disconformidad con la obligación de cerrar sus puertas a las 14 horas este martes 31 de diciembre, tal como lo establece la normativa vigente a la que adhirió el municipio en el marco de una Ley provincial Nº 2717. La medida, que se repite cada año en las fiestas de fin de año, volvió a generar reclamos en un sector que atraviesa un contexto económico complejo y que considera la restricción horaria como “perjudicial” para la actividad comercial en una de las fechas más importantes del calendario.
El técnico de la selección argentina eligió, una vez más, las sierras para pasar unos días de descanso antes de un 2026 que tendrá a la defensa de la Copa del Mundo como gran objetivo.
Las autoridades comunicaron que se trató de un error y que será descontando el viernes
El hecho ocurrió en el Valle de Calamuchita, en un sector conocido como Cascada Grande.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 371, en jurisdicción de Winifreda. Dos vehículos que circulaban en el mismo sentido colisionaron y la acompañante del automóvil debió recibir asistencia médica.
La salida de Lucas Scarlato de 16 años del ´Millonario´ reavivó la polémica con esta metodología.
El 2025 se despide de la peor manera para las localidades del norte de La Pampa. Lo que debía ser una jornada de preparativos y celebración para recibir el 2026, se transformó en un escenario de malestar, incertidumbre y un sabor amargo que el calor sofocante no hizo más que potenciar.
