La jueza y el juez de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora dictaron hoy dos condenas a ocho y cinco años de prisión, respectivamente, en causas por abusos sexuales que se debatieron en juicios orales.
Judiciales 08 de septiembre de 2023
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SANTA ROSA | Ongaro condenó a ocho años a un hombre de 42 años que abusó de la hermana de su pareja. La calificación legal fue abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, como delito continuado, en perjuicio de una persona menor de 13 años. Los hechos fueron contextualizados en las leyes 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescente.
La magistrada dio por probado que el imputado agredió a la niña, en reiteradas oportunidades, desde que ella tenía ocho y hasta los doce años. Esas agresiones ocurrieron en la casa del victimario y en el interior de su vehículo.
Ongaro dispuso, además, la prisión preventiva del acusado hasta que el fallo quede firme –aunque la sustituyó por la modalidad de arresto domiciliario con control de un dispositivo electrónico–. Al fijar la pena, la jueza se apartó del mínimo legal y valoró como agravantes “las consecuencias directas e indirectas que produjeron en la vida (de la víctima) los hechos sufridos desde su corta edad, sobre todo a partir de la develación de ellos”; que llevaron a que dejara de tener “el estrecho y cotidiano vínculo afectivo que mantenía con su hermana”.
El fiscal Andrés Torino, durante los alegatos finales, había solicitado una sanción de nueve años; y el defensor particular, Simón Guillermo Barreto, la absolución por el beneficio de la duda.
Hija adoptiva.
Por su parte, Sáez Zamora condenó a un hombre de 46 años a cinco años de prisión por ser autor de abuso sexual simple, aprovechando que la víctima no pudo consentir libremente la acción calificado por la relación de convivencia preexistente, y como delito continuado, hechos que fueron enmarcados en la ley Código Penal) valorado en el marco de las leyes 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26378 sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el legajo penal quedó acreditado que el acusado realizó tocamientos y otras acciones contra su hija adoptiva –quien padece un retraso madurativo moderado– cuando ella tenía entre 12 y 14 años. Las agresiones sexuales ocurrieron en más de una oportunidad y en distintos lugares de la vivienda familiar.
Durante los alegatos finales, el fiscal Marcos Sacco pidió una sanción de 11 años de prisión por la figura legal de abuso sexual gravemente ultrajante, por la duración y las circunstancias de realización, agravado por el vínculo y por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente.
La querellante particular Cecilia Olivieri –como apoderada de la madre de la víctima– adhirió a ese planteo y requirió 12 años de prisión; y la defensora oficial Paula Arrigone solicitó la absolución por entender que las pruebas no alcanzaron para superar la duda razonable.
Sáez Zamora, en los fundamentos del fallo, señaló que “el encuadre pretendido por la fiscalía respecto al abuso sexual gravemente ultrajante no quedó debidamente acreditado (….) Si bien es cierto que se probó que el acusado realizó tocamientos en las partes íntimas de la víctima durante un largo período de tiempo, esto por sí solo no implica una circunstancia que pueda calificarse típicamente como gravemente ultrajante (…) La fiscalía no probó –o no explicó con mayor precisión– de qué manera (ya sea por el modo o el paso del tiempo), los simples tocamientos hayan producido un sometimiento sexual gravemente ultrajante”.
Al fijar la pena, el magistrado se apartó del mínimo legal (tres años) y le fijó una sanción de cinco años porque evaluó “la extensión del daño y el impacto anímico que los hechos causaron en el ámbito familiar”.
La Sala "B" del Tribunal de Impugnación Penal de Santa Rosa confirmó la condena por abuso sexual simple dictada en primera instancia por la Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial.
Será el 6 de marzo, donde las querellas, la fiscalía y las defensas pedirán las pruebas que quieren se ventile en el juicio que aún no tiene fecha de inicio.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sanción de 6 meses de suspensión que aplicó el Tribunal de Superintendencia Notarial contra la escribana María Irma Espínola por una serie de faltas cometidas en el ejercicio de su profesión.
El juez de audiencia de juicio de General Pico, Marcelo Pagano, condenó a Nazareno Ezequiel Díaz, de 31 años, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal agravada; a la pena de cuatro años de prisión, con declaración de reincidencia.
El 7 de marzo la justicia pampeana descartó la comisión de delitos en torno a la muerte del exintendente de Eduardo Castex. Magalí Mansilla, la mujer que fue investigada por ser la última que tuvo contactos con el fallecido, recuperó los elementos secuestrados y nunca estuvo imputada en la causa judicial.
El juez civil de primera instancia, Pedro Campos, ordenó a la obra social provincial Sempre la entrega de una medicación muy costosa a una afiliada que padece una enfermedad degenerativa; aunque previamente exigió que su médico tratante presente un informe sobre su estado de salud actual, para que la parte demandada puede realizar un seguimiento acerca de la mejoría o estabilización a partir del uso de la droga.
Dos hombres que serían hermanos le propinaron una golpiza a otro joven que se moviliza en silla de ruedas. Según versiones extraoficiales de testigos que observaron la reyerta indicaron que la misma se dio, según las afirmaciones de los atacantes, a raíz de que el joven previamente habría agredido físicamente a la madre de ambos, provocando que la mujer debiera ser llevada a un centro de salud local.
El siniestro ocurrió en ruta provincial 7 entre las localidades de Metileo y Villa Mirasol. Los vehículos involucrados son un furgón Ducato y un tractor. Los dos vehículos circulaban en la misma dirección. Trabajó personal policial y también bomberos voluntarios.
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El padre de la chica denunció el hecho Tanto el abuelo como la madre fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras una investigación del Ministerio Público Fiscal porteño. Se espera que la víctima declare en cámara Gesell
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