
Está acusado de distintos delitos, uno de ellos por supuestos vínculos con el Cártel d Sinaloa.
La jueza y el juez de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora dictaron hoy dos condenas a ocho y cinco años de prisión, respectivamente, en causas por abusos sexuales que se debatieron en juicios orales.
Judiciales08 de septiembre de 2023SANTA ROSA | Ongaro condenó a ocho años a un hombre de 42 años que abusó de la hermana de su pareja. La calificación legal fue abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, como delito continuado, en perjuicio de una persona menor de 13 años. Los hechos fueron contextualizados en las leyes 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescente.
La magistrada dio por probado que el imputado agredió a la niña, en reiteradas oportunidades, desde que ella tenía ocho y hasta los doce años. Esas agresiones ocurrieron en la casa del victimario y en el interior de su vehículo.
Ongaro dispuso, además, la prisión preventiva del acusado hasta que el fallo quede firme –aunque la sustituyó por la modalidad de arresto domiciliario con control de un dispositivo electrónico–. Al fijar la pena, la jueza se apartó del mínimo legal y valoró como agravantes “las consecuencias directas e indirectas que produjeron en la vida (de la víctima) los hechos sufridos desde su corta edad, sobre todo a partir de la develación de ellos”; que llevaron a que dejara de tener “el estrecho y cotidiano vínculo afectivo que mantenía con su hermana”.
El fiscal Andrés Torino, durante los alegatos finales, había solicitado una sanción de nueve años; y el defensor particular, Simón Guillermo Barreto, la absolución por el beneficio de la duda.
Hija adoptiva.
Por su parte, Sáez Zamora condenó a un hombre de 46 años a cinco años de prisión por ser autor de abuso sexual simple, aprovechando que la víctima no pudo consentir libremente la acción calificado por la relación de convivencia preexistente, y como delito continuado, hechos que fueron enmarcados en la ley Código Penal) valorado en el marco de las leyes 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26378 sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el legajo penal quedó acreditado que el acusado realizó tocamientos y otras acciones contra su hija adoptiva –quien padece un retraso madurativo moderado– cuando ella tenía entre 12 y 14 años. Las agresiones sexuales ocurrieron en más de una oportunidad y en distintos lugares de la vivienda familiar.
Durante los alegatos finales, el fiscal Marcos Sacco pidió una sanción de 11 años de prisión por la figura legal de abuso sexual gravemente ultrajante, por la duración y las circunstancias de realización, agravado por el vínculo y por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente.
La querellante particular Cecilia Olivieri –como apoderada de la madre de la víctima– adhirió a ese planteo y requirió 12 años de prisión; y la defensora oficial Paula Arrigone solicitó la absolución por entender que las pruebas no alcanzaron para superar la duda razonable.
Sáez Zamora, en los fundamentos del fallo, señaló que “el encuadre pretendido por la fiscalía respecto al abuso sexual gravemente ultrajante no quedó debidamente acreditado (….) Si bien es cierto que se probó que el acusado realizó tocamientos en las partes íntimas de la víctima durante un largo período de tiempo, esto por sí solo no implica una circunstancia que pueda calificarse típicamente como gravemente ultrajante (…) La fiscalía no probó –o no explicó con mayor precisión– de qué manera (ya sea por el modo o el paso del tiempo), los simples tocamientos hayan producido un sometimiento sexual gravemente ultrajante”.
Al fijar la pena, el magistrado se apartó del mínimo legal (tres años) y le fijó una sanción de cinco años porque evaluó “la extensión del daño y el impacto anímico que los hechos causaron en el ámbito familiar”.
Está acusado de distintos delitos, uno de ellos por supuestos vínculos con el Cártel d Sinaloa.
El director técnico español se refirió al estreno del delantero argentino en la primera fecha de La Liga con el conjunto merengue.
En su declaración sostuvo que sufría severos maltratos, agresiones físicas, explotación infantil y abusos sexuales por parte de su padre.
La decisión se toma mientras la cifra de muertos asciende a 97. El laboratorio HLB Pharma es proveedor del ministerio que conduce Nicolás Kreplak.
El futbolista fue condenado por abuso sexual agravado cuando jugaba en Independiente.
Será el 25 de septiembre próximo, según indicó el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, a cargo interinamente del juez Jorge S. Sícoli.
Este martes, en Santa Rosa, fue formalmente imputado Adrián Alejandro Sarandón, acusado del doble homicidio de Luis Epifanio y Graciela Torrent, ocurrido el 11 de julio de 2013. El sospechoso, actualmente detenido por abuso sexual en la Unidad Cuatro, se negó a declarar en la audiencia.
En declaraciones televisivas, Adrián dijo ser excompañero de colegio de la presunta víctima, al que calificó como "uno de los problemáticos".
El intendente Hernán Gaggioli adelantó en diálogo con Infotec 4.0 la grilla de actividades que se desarrollarán desde el 21 al 28 de septiembre, con propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y artísticas de primer nivel. El show central contará con Lisandro Márquez, Román Ramonda y Tomás Vázquez.
Un accidente vial se registró este martes en el kilómetro 140 de la Ruta Nacional N°5, donde una ambulancia proveniente de La Pampa que se dirigía hacia el Hospital Garrahan despistó y terminó en la banquina. Tres de sus ocupantes fueron trasladados al Hospital Municipal de Chivilcoy para su atención.
Vecinos de Realicó manifestaron su indignación por la reiterada presencia de un camión atmosférico que descarga líquidos cloacales y materia fecal en un camino vecinal, a menos de 20 metros de la Ruta Nacional 188, en la zona sudeste de la localidad.
El debate sobre los gastos reservados en la Legislatura pampeana volvió al centro de la escena tras la polémica confesión de la diputada del PRO, Celeste Rivas, quien admitió públicamente que utiliza esos fondos, que se entregan sin control ni rendición, para cubrir gastos personales como el alquiler de su vivienda en Santa Rosa y el pago de su vehículo.
Un trágico accidente se cobró la vida de un empleado rural de 53 años en la localidad de Quemú Quemú. El hecho ocurrió en horas de la tarde-noche de este martes, cuando la víctima se retiraba en motocicleta de un predio rural donde cumplía tareas laborales.