La jueza y el juez de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora dictaron hoy dos condenas a ocho y cinco años de prisión, respectivamente, en causas por abusos sexuales que se debatieron en juicios orales.
Judiciales08 de septiembre de 2023
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SANTA ROSA | Ongaro condenó a ocho años a un hombre de 42 años que abusó de la hermana de su pareja. La calificación legal fue abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, como delito continuado, en perjuicio de una persona menor de 13 años. Los hechos fueron contextualizados en las leyes 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescente.
La magistrada dio por probado que el imputado agredió a la niña, en reiteradas oportunidades, desde que ella tenía ocho y hasta los doce años. Esas agresiones ocurrieron en la casa del victimario y en el interior de su vehículo.
Ongaro dispuso, además, la prisión preventiva del acusado hasta que el fallo quede firme –aunque la sustituyó por la modalidad de arresto domiciliario con control de un dispositivo electrónico–. Al fijar la pena, la jueza se apartó del mínimo legal y valoró como agravantes “las consecuencias directas e indirectas que produjeron en la vida (de la víctima) los hechos sufridos desde su corta edad, sobre todo a partir de la develación de ellos”; que llevaron a que dejara de tener “el estrecho y cotidiano vínculo afectivo que mantenía con su hermana”.
El fiscal Andrés Torino, durante los alegatos finales, había solicitado una sanción de nueve años; y el defensor particular, Simón Guillermo Barreto, la absolución por el beneficio de la duda.
Hija adoptiva.
Por su parte, Sáez Zamora condenó a un hombre de 46 años a cinco años de prisión por ser autor de abuso sexual simple, aprovechando que la víctima no pudo consentir libremente la acción calificado por la relación de convivencia preexistente, y como delito continuado, hechos que fueron enmarcados en la ley Código Penal) valorado en el marco de las leyes 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26378 sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el legajo penal quedó acreditado que el acusado realizó tocamientos y otras acciones contra su hija adoptiva –quien padece un retraso madurativo moderado– cuando ella tenía entre 12 y 14 años. Las agresiones sexuales ocurrieron en más de una oportunidad y en distintos lugares de la vivienda familiar.
Durante los alegatos finales, el fiscal Marcos Sacco pidió una sanción de 11 años de prisión por la figura legal de abuso sexual gravemente ultrajante, por la duración y las circunstancias de realización, agravado por el vínculo y por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente.
La querellante particular Cecilia Olivieri –como apoderada de la madre de la víctima– adhirió a ese planteo y requirió 12 años de prisión; y la defensora oficial Paula Arrigone solicitó la absolución por entender que las pruebas no alcanzaron para superar la duda razonable.
Sáez Zamora, en los fundamentos del fallo, señaló que “el encuadre pretendido por la fiscalía respecto al abuso sexual gravemente ultrajante no quedó debidamente acreditado (….) Si bien es cierto que se probó que el acusado realizó tocamientos en las partes íntimas de la víctima durante un largo período de tiempo, esto por sí solo no implica una circunstancia que pueda calificarse típicamente como gravemente ultrajante (…) La fiscalía no probó –o no explicó con mayor precisión– de qué manera (ya sea por el modo o el paso del tiempo), los simples tocamientos hayan producido un sometimiento sexual gravemente ultrajante”.
Al fijar la pena, el magistrado se apartó del mínimo legal (tres años) y le fijó una sanción de cinco años porque evaluó “la extensión del daño y el impacto anímico que los hechos causaron en el ámbito familiar”.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, Ana Laura Ruffini, condenó a Marcelo Alberto Martín, como autor material y penalmente responsable del delito de fraude contra la administración pública como delito continuado – 22 hechos-; a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua.
La suma es por el daño estimado por la maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Aclararon que debe actualizarse.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi, condenó a un hombre de 29 años, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo -tres hechos-; a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa declaración de reincidencia.
El fiscal federal Ramiro González dio por cerrada la investigación por violencia de género.
El acusado, había llegado en libertad a la instancia final del juicio donde los jueces Ricardo Perdichizzi, Paula Soulé y Fabián Riquert en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata lo condenaron por haber manoseado a las menores y haberse masturbado delante de ellas, en casos ocurridos en noviembre de 2019 y en agosto y octubre del 2020, en su vivienda de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, según indicó el Ministerio Público Fiscal.
La decisión llegó horas después de que se confirmara el jury en su contra por el documental del caso Maradona.
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Un camionero que viajaba desde Buenos Aires hacia Catriló fue detenido por la Policía Caminera tras arrojar 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre en un control sobre la Ruta Nacional 5. Le retuvieron el camión y la licencia.
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