


Emergencia en la Obra Pública: Fonseca aseguró que es un engaño
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La Diputada expresó en el recinto “mediante este Proyecto de ley, Ziliotto, pretende que la Cámara de Diputados pase de jurisdicción nacional a jurisdicción provincial, contratos, relaciones jurídico-institucionales preexistentes; declare que no hay normas, ni provinciales, ni nacionales, ni de ninguna otra índole, que impida cualquier forma de disponer de fondos públicos, para toda la obra pública en la provincia, bajo la declaración de una Emergencia general de las obras”.
Aseguró “Precisamente, no se puede destinar dinero público provincial a obras que corresponden a la Nación, porque está prohibido que el Estado provincial destine fondos para obras públicas nacionales que, aunque estén en el territorio provincial, no está determinado el financiamiento y origen de los fondos. Cuando los funcionarios vinieron reconocieron que la provincia no es parte en los contratos, en su tercero ajeno en la contratación”.
En tal sentido Fonseca explicó: “lo que significa en términos jurídico estatales la palabra Emergencia, es poder contratar, pagar, poder hacer lo que les plazca sin ningún nivel de cumplimiento de ninguna ley, ni de presupuesto, ni de obras públicas, ninguna posibilidad de recupero del dinero, preguntándonos, de esta manera, ¿no se expone la provincia de La Pampa y cada uno de los funcionarios públicos participantes a un reclamo judicial ante la justicia Federal de gravosas consecuencias?. Tengamos en cuenta que en todos estos instrumentos públicos de orden nacional se fija como jurisdicción y competencia a los Tribunales Federales y no los de la provincia de La Pampa”, dijo.


Finalmente indicó “Por más que nos presionen, aunque nos difamen, rechazamos este proyecto, no vamos a formar parte de este engaño”, sentenció Fonseca.






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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.








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