Una ex funcionaria kirchnerista para la desregulación aérea

AVIACIÓN CIVIL | Con el fin de avanzar en la desregulación aérea y evitar una sanción internacional, el presidente Javier Milei designó interventora de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a María Julia Cordero, una abogada recibida en 2022 ligada al kirchnerismo que ya fue funcionaria del sector aerocomercial.

Cordero reemplaza en el cargo a Gustavo Marón, el abogado mendocino especialista en temas aeronáuticos que el ministro de Defensa, Luis Petri, acercó a la administración libertaria en febrero pasado y que no logró encaminar al ente aeronáutico con un breve paso al frente del mismo sin pena ni gloria.

Durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, la nueva interventora de la ANAC trabajó en el sector como asesora en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aerolíneas Argentinas y responsable del área de Género en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El problema más urgente que tienen la ANAC y la administración mileísta es evitar la baja de categoría en materia aerocomercial, a raíz de falencias operativas e incumplimientos de normas detectadas por una auditoria internacional, un problema que lleva años. 

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense ya está en condiciones de penalizar a Argentina con una degradación del nivel de calificación otorgado al sistema aeronáutico local.

La pérdida de categoría implicaría un freno tanto para las autorizaciones de más frecuencias y vuelos a las empresas que operan actualmente entre en el país y Estados Unidos como para el ingreso de nuevas aerolíneas que quieran prestar servicios en ese mercado.

En caso de recibir esa sanción, que EE.UU. ya aplicó durante tres años luego de la crisis de 2001, Argentina quedaría expuesta a penalizaciones de igual tenor que podrían adoptar el resto de los países que tienen tratados y convenios aerocomerciales vigentes.

Intervención y pedido de ampliación de plazos
Con la intervención de la ANAC y una nota remitida a la FAA solicitando unos meses más de plazo para corregir las fallas y las irregularidades operativas, la administración libertaria logró frenar transitoriamente hasta fin de año las eventuales sanciones.

Los cielos abiertos de Javier Milei
La situación límite que afronta el país en materia aerocomercial quedó expuesta en el decreto 606/24 que dispuso el cambio en la ANAC. En los fundamentos, el Poder Ejecutivo reconoció que la última auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional realizada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre el sistema aeronáutico argentino dio como resultado “un nivel de cumplimiento del 60,47 %, que se encuentra por debajo del promedio mundial”.

“En las áreas vinculadas con la organización de la aviación civil, la evaluación arrojó un nivel de cumplimiento del 41,67%; mientras que, en el sector relacionado con el control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves, el nivel de cumplimiento fue del 37,29%”, puntualizó en relación con los resultados de la auditoria.

Según la visión oficial plasmada en el decreto, “a 17 años de la creación de la ANAC continúan evidenciándose relevantes disfuncionalidades que afectan la integralidad del sistema, generan potenciales riesgos para la seguridad operacional y la navegación aérea y perjudican seriamente la reputación del país en el orden internacional”.

Medidas urgentes para el sector aerocomercial
Ante la posibilidad de una baja en la categoría aerocomercial, el Gobierno destacó que “resulta necesario adoptar de manera urgente medidas orgánicas, de personal y presupuestarias para llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación del organismo y promover una reorganización funcional que permita el cumplimiento de las funciones que se le han encomendado”.

De acuerdo al informe del sitio Letra P, durante la intervención de la ANAC, que se extenderá inicialmente por un período de 180 días que puede ser prorrogado por un plazo similar, Cordero tendrá como tareas principales realizar una auditoría sustanciada sobre el estado del organismo y evaluar la estructura operativa y el estado financiero.

La funcionaria tendrá, además, que adoptar las regulaciones aeronáuticas latinoamericanas e implementar “el sistema de autoridad delegada de aviación” que prevé la normativa vigente y cualquier otro mecanismo tendiente a agilizar y digitalizar los procesos internos y de gestión.