El próximo 18 de febrero, el intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, deberá presentarse ante la Jueza de Control María Jiménez Cordoso para la audiencia de formalización solicitada por la Fiscalía. Así lo confirmó el fiscal Matías Juan, quien aseguró que existen "pruebas incriminatorias" que respaldan la acusación por la presunta omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial presentada por el mandatario.
Judiciales08/02/2025
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Según la denuncia realizada por concejales de la localidad, Salvadori no incluyó en su declaración una sociedad comercial que posee. La omisión, que se consideraría maliciosa, está tipificada en el Artículo 268 (3) del Código Penal, que establece penas de prisión de entre 15 días y 2 años, además de la inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos.
Salvadori se presentó en la Fiscalía a principios de enero para declarar como imputado junto a su abogado defensor. Durante esa declaración, el intendente hizo un breve descargo y, de inmediato, se solicitó la audiencia de formalización, que se celebrará el 18 de febrero ante la jueza.
Al asumir su cargo, Salvadori estaba obligado a presentar su declaración jurada de bienes. Sin embargo, en ese documento no incluyó una sociedad comercial que supuestamente le pertenece. Esta omisión podría encuadrarse en el delito de "omisión maliciosa", conforme al artículo 268 (3) del Código Penal.
La denuncia contra Salvadori data de agosto del año pasado, cuando los concejales de Ingeniero Luiggi señalaron que el intendente no incluyó una sociedad comercial registrada en Río Cuarto, de la cual sería propietario, en su declaración patrimonial. Este comportamiento infringe tanto el Código Penal (Artículo 268 (3)) como la Ley de Municipalidades de la provincia, en su Artículo 81.
A fines de diciembre de 2024, el Fiscal General, Armando Agüero, confirmó la recepción de la denuncia por “omisión maliciosa en la declaración jurada”. Si se demuestra su culpabilidad, Salvadori podría enfrentar penas de prisión de entre 15 días y 2 años, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El proceso judicial se encuentra en plena etapa de recopilación de pruebas informativas y testimoniales para determinar si la sociedad comercial existía al momento de la declaración de Salvadori y si debió haber sido incluida, conforme a la ley.
De comprobarse la omisión maliciosa, el intendente se expondría a consecuencias penales, lo que podría comprometer su permanencia en el cargo.
A pesar de las acusaciones, Gustavo Salvadori ha negado cualquier conducta ilícita. En declaraciones previas, el intendente se declaró inocente y aseguró que su abogado defensor, Hernán Salamone, presentará pruebas que demostrarían que no cometió delito alguno.
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