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Según la resolución del juez Ercolini, Fernández habría ejercido violencia psicológica y física contra Yáñez desde 2016 hasta agosto de 2024, escalando los episodios tras su elección como presidente y especialmente durante el embarazo de Yáñez en 2021. Entre los hechos denunciados se encuentran acoso, hostigamiento, agresiones físicas y manipulación económica.
El fallo detalla que la violencia psicológica incluyó insultos, indiferencia, culpabilización y hostilidad, mientras que la violencia física se manifestó en agarrones del cuello, zamarreos y cachetazos. Incluso tras la mudanza de Yáñez a la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos en 2023 y posteriormente a Madrid, Fernández habría seguido ejerciendo control económico y psicológico sobre ella.
El magistrado también señaló intentos de Fernández para evitar la denuncia, incluyendo amenazas y presiones para publicar un comunicado conjunto. Finalmente, la fiscalía determinó que las agresiones dejaron secuelas psicológicas permanentes en Yáñez, conforme a la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer.
La abogada de Fernández, Silvina Carreira, intentó apartar al juez por supuesta parcialidad, pero su pedido fue rechazado. Yáñez declaró desde Madrid por videoconferencia, respaldando las pruebas reunidas en la investigación.
