El juez federal Julián Ercolini procesó al ex presidente Alberto Fernández por lesiones leves y graves contra la ex primera dama Fabiola Yáñez y dispuso un embargo de diez millones de pesos. La resolución señala que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género y que podrían derivar en una pena de hasta 18 años de prisión.
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Según la resolución del juez Ercolini, Fernández habría ejercido violencia psicológica y física contra Yáñez desde 2016 hasta agosto de 2024, escalando los episodios tras su elección como presidente y especialmente durante el embarazo de Yáñez en 2021. Entre los hechos denunciados se encuentran acoso, hostigamiento, agresiones físicas y manipulación económica.
El fallo detalla que la violencia psicológica incluyó insultos, indiferencia, culpabilización y hostilidad, mientras que la violencia física se manifestó en agarrones del cuello, zamarreos y cachetazos. Incluso tras la mudanza de Yáñez a la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos en 2023 y posteriormente a Madrid, Fernández habría seguido ejerciendo control económico y psicológico sobre ella.
El magistrado también señaló intentos de Fernández para evitar la denuncia, incluyendo amenazas y presiones para publicar un comunicado conjunto. Finalmente, la fiscalía determinó que las agresiones dejaron secuelas psicológicas permanentes en Yáñez, conforme a la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer.
La abogada de Fernández, Silvina Carreira, intentó apartar al juez por supuesta parcialidad, pero su pedido fue rechazado. Yáñez declaró desde Madrid por videoconferencia, respaldando las pruebas reunidas en la investigación.
El escándalo tiene como principales protagonistas al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La iniciativa fue bloqueada por un solo voto en la Cámara alta. Se requería el voto de dos tercios del total. Mientras tanto, siguen las causas judiciales en la Argentina y la investigación en el exterior.
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La privatización de la principal entidad financiera había sido propuesta por el Gobierno, pero el Congreso la rechazó.
Cada uno tendrá hasta 80 minutos para brindar su lectura. Aún se desconoce la fecha en la que se conocerá el veredicto.
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Una mujer domiciliada en Victorica fue condenada a pagar una multa por ser autora del delito de injurias, al publicar en el muro de su Facebook una serie de publicaciones “a conciencia y con voluntad de desacreditar” a un hombre con quien ella y su esposo habían mantenido una amistad.
Un padre fue condenado a ocho años de prisión por ser autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de ascendiente, en perjuicio de dos de sus hijas. La pena aplicada por la jueza de audiencia, María José Gianinetto, fue la que habían pedido la fiscalía y la querella durante el juicio oral realizado en General Pico.
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