
En el mismo se estableció que su empresa se quedaba con el 30 por ciento de lo que recaudaba la entidad en el exterior.


Un padre fue condenado a ocho años de prisión por ser autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de ascendiente, en perjuicio de dos de sus hijas. La pena aplicada por la jueza de audiencia, María José Gianinetto, fue la que habían pedido la fiscalía y la querella durante el juicio oral realizado en General Pico.
Judiciales19/02/2025
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GENERAL PICO | La magistrada dio por probado que el imputado, un empleado municipal de 43 años, “realizó prácticas sexuales” sobre las niñas cuando tenían cuatro años y que ellas consistieron “en lamer” distintas partes de sus cuerpos. Los hechos ocurrieron durante un verano en la casa familiar que compartían con la madre de las víctimas.


Para acreditar el delito, Gianinetto valoró el testimonio de la progenitora –denunciante del caso–, los relatos de las niñas en Cámara Gesell y las declaraciones testimoniales de cinco psicólogas. En cambio, dijo que los testigos de la defensa “no aportaron información de calidad” para esclarecer lo ocurrido.
Durante los alegatos, tanto el fiscal Francisco Trucco como el querellante particular, Mauro Fernández –en representación de la madre– solicitaron ocho años de prisión y encuadraron los hechos en la misma calificación legal por la que el padre terminó siendo condenado. En cambio, el defensor Ariel García había requerido la absolución del acusado por el beneficio de la duda.
Gianinetto, en los considerandos del fallo, sostuvo que “no es correcto exigir -o esperar- de las víctimas relatos exactos o sin ninguna inconsistencia o inexactitud, por varias razones; entre ellas las más significativas fueron lo traumático que resultó para ellas el hecho de que el autor fuera su propio padre y la corta edad” de ambas. Además calificó como de “suma importancia” para esclarecimiento de la causa la información brindada por las psicólogas forenses Mercedes Del Pozo y Adriana Piras.
“La prueba ventilada en el debate tuvo una sola dirección, toda ella concurriendo a confirmar la teoría de los acusadores público y privado. Por ello, la mera negativa del imputado (rechazó todas las acusaciones) no puede ser considerada, como así tampoco el argumento de que la denuncia se debió a una ‘mala interpretación de la madre’ porque era sobreprotectora con las niñas”, expresó la jueza. Y concluyó que la mamá, con la denuncia, solo pidió que se investigue lo que le había contado una de sus hijas y no persiguió otros fines.​





En el mismo se estableció que su empresa se quedaba con el 30 por ciento de lo que recaudaba la entidad en el exterior.

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Los propietarios son Luciano Pantano y su mamá jubilada, quienes están en la mira por ser presuntos “testaferros” del tesorero de AFA, Pablo Toviggino.

El empresario vinculado con Claudio “Chiqui” Tapia fue impedido de abordar un vuelo hacia Uruguay con todos los pasaportes de su familia en su poder

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El hecho ocurrió en el Valle de Calamuchita, en un sector conocido como Cascada Grande.

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