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La crisis que arrastra Vicentin desde fines de 2019 sumó este sábado un nuevo capítulo dramático: el directorio decidió frenar toda actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, al no contar con recursos para pagar los sueldos ni contratos activos de fazón que permitan sostener la operación.
“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, informó la empresa en un comunicado emitido este 6 de abril. En él, justificó la decisión como “una medida de protección de los activos” ante un escenario financiero asfixiante y la falta de respuestas de los inversores estratégicos.
El mensaje dejó en claro que no hay caja ni horizonte: la nómina de marzo aún no fue abonada y no hay garantías de que pueda cubrirse en los plazos legales. En paralelo, los contratos por los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos -su única vía de ingresos desde que dejó de operar con mercadería propia- se encuentran paralizados.
El freno de la operación deja en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena productiva. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza de alto impacto en toda la industria.
La situación es crítica. Sin granos, sin ingresos y sin fondos líquidos, la firma decidió detener toda actividad mientras intenta renegociar acuerdos. Esta semana, el juez del concurso había convocado a los principales inversores (ACA y Bunge-Viterra) para reactivar los fasones. Pero la audiencia fue un fracaso: nadie se presentó.
