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LA PAMPA | Según detalló el fiscal, entre los meses de noviembre y marzo, una sociedad anónima con sede en Coronel Granada y General Pinto (provincia de Buenos Aires) adquirió casi mil cabezas de ganado a una empresa pampeana dedicada a la comercialización de cría y hacienda de invernada. Para efectuar el pago, se utilizaron cheques electrónicos diferidos a 30, 60 y 90 días.
En un principio, varias operaciones previas fueron saldadas con normalidad, lo que generó una relación de confianza entre ambas partes. Sin embargo, en la última y más significativa transacción, los cheques comenzaron a ser rechazados por falta de fondos, dejando a la firma pampeana con un importante perjuicio económico.
Cheques sin fondos y hacienda desaparecida
Los cheques rebotados encendieron las alarmas: las cuentas bancarias de la empresa bonaerense están vacías y no se ha realizado devolución alguna de los animales, ni reposición de los valores impagos, ni transferencia compensatoria.
“Todo indica que desde el inicio el objetivo fue apropiarse de la hacienda sin intención de pagar. Hablamos de una estafa premeditada”, afirmó el fiscal Juan. Además, el paradero de los animales es incierto. Podrían haber sido trasladados a campos en otras provincias o incluso haber sido ya faenados, informaron fuentes judiciales al diario La Arena.
Para esclarecer esto, la Fiscalía solicitó al SENASA un informe urgente con los registros de movimientos de ganado vinculados a la empresa denunciada.
Posibles más víctimas en el sector
Lo más preocupante es que, según datos del Banco Central, la empresa investigada acumula cheques rechazados por un total de $2.800 millones. Esto sugiere que no se trataría de un caso aislado y que podría haber otros productores damnificados a lo largo del país.
“Una parte de esos valores corresponde a la firma pampeana, pero hay otros proveedores ganaderos que también estarían afectados”, agregó Juan.
Mientras la causa avanza con apoyo de la Brigada de Investigaciones, no se descartan nuevas imputaciones ni medidas judiciales como allanamientos o embargos. La estafa, que puso en alerta a todo el sector agropecuario, deja al descubierto serias falencias en los mecanismos de control y refleja la necesidad urgente de fortalecer las garantías en las transacciones rurales.
