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El gobierno nacional reformó el sistema de contratación de obra pública mediante la Disposición 24/2025, publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de simplificar los procesos y fomentar una mayor competencia entre empresas.
Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se pone fin a un sistema cartelizado que, durante décadas, restringió la participación a un grupo cerrado de empresas mediante barreras legales y criterios excluyentes como la "capacidad constructiva".
Entre los cambios más importantes se destaca la eliminación de estos requisitos, lo que permitirá competir en igualdad de condiciones a firmas que operan en el ámbito privado o internacional, incluso si no cuentan con antecedentes locales. Para ello, podrán respaldarse con patrimonio o garantías.
Además, se avanza en la implementación del Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), un nuevo registro obligatorio para proveedores, contratistas y concesionarios, que reemplaza a los antiguos sistemas y busca transparentar los procesos.
La normativa también flexibiliza la inscripción y calificación de las constructoras, reduciendo la carga documental exigida y considerando tanto antecedentes de obra pública como privada, lo cual abre el mercado a nuevos jugadores, locales y extranjeros.
