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RÍO TERCERO | Las detonaciones comenzaron poco después de las 8 de la mañana y convirtieron en un infierno los barrios cercanos a la planta estatal. Los proyectiles y explosivos almacenados en los polvorines cayeron sobre las viviendas, escuelas y comercios de Río Tercero, sembrando el caos en una ciudad que nunca volvió a ser la misma.
Un atentado para borrar huellas
Durante años se intentó instalar la versión del “accidente”. Sin embargo, los fallos judiciales posteriores confirmaron que las explosiones fueron intencionales, ejecutadas para eliminar pruebas de las operaciones ilegales de tráfico de armas a Croacia y Ecuador, realizadas entre 1991 y 1995.
Lo que detonó aquel 3 de noviembre era parte de un embarque de proyectiles de guerra que se preparaba para exportar clandestinamente. Los mismos formaban parte del llamado “Operativo Ejército Argentino”, una red de contrabando internacional de armamento estatal.
Las maniobras se articulaban desde Fabricaciones Militares, bajo decisiones políticas de alto nivel. Fue el propio Estado argentino, según la Justicia, el que llevó adelante un plan criminal para encubrir la corrupción y garantizar la impunidad de sus protagonistas.
Las condenas y la impunidad
En 2013, el expresidente Carlos Menem y varios funcionarios fueron condenados por contrabando agravado de armas, aunque las penas prescribieron por la edad y los tiempos judiciales. En tanto, el juicio por la voladura de Río Tercero recién llegó en 2014, con la condena a cuatro militares de mandos medios por “estrago doloso agravado”.
El fallo fue contundente: “Se trató de un plan criminal de encubrimiento e impunidad concebido desde las más altas esferas del poder político del Estado”, sentenció el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba.
El expresidente Menem fue luego procesado por el mismo delito, pero falleció en 2021, días antes del inicio de un nuevo juicio en su contra, cerrando definitivamente la posibilidad de que los máximos responsables respondan ante la Justicia.
Una lucha por la memoria
La abogada Ana Elba Gritti, viuda de una de las víctimas, fue la única querellante que logró mantener viva la causa durante años, enfrentando presiones, dilaciones y encubrimientos. Su persistencia permitió que la investigación no fuera archivada como un “accidente industrial”, sino reconocida judicialmente como un atentado de Estado.
Hoy, tres décadas después, Río Tercero recuerda a sus siete víctimas y mantiene viva la memoria en el Paseo del Milagro, un espacio de homenaje junto a las ruinas de la fábrica. La tragedia forma parte de la currícula escolar en Córdoba, como símbolo de lo que la corrupción y la impunidad pueden provocar cuando el poder se coloca por encima de la ley.
Una herida abierta
Treinta años después, el atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero continúa siendo un emblema del encubrimiento y la corrupción estructural del Estado argentino. Las bombas que estallaron aquel día no solo destruyeron una ciudad: exhibieron el rostro más brutal de un sistema político dispuesto a sacrificar vidas para borrar sus huellas.
