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El decreto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se publicaría antes del 8 de julio, fecha en que vencen las facultades delegadas otorgadas al Ejecutivo por el Congreso. El objetivo, según fuentes oficiales, es eliminar la superposición de funciones y “racionalizar” el aparato estatal.
Gendarmería tomará el control del tránsito
Uno de los cambios más significativos es que la Gendarmería Nacional asumirá el control del tránsito en rutas de jurisdicción nacional, incluyendo tareas de fiscalización, control de infracciones y prevención de siniestros viales. Esta fuerza trabajará en conjunto con las autoridades provinciales en las Áreas de Control Integrado (ACI) y en los Pasos Internacionales (PI).
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que administraba los registros de licencias de conducir, gestionaba el scoring y coordinaba campañas de concientización, será disuelta. Sus convenios serán absorbidos por la Secretaría de Transporte, que también se encargará del diseño de los cursos de seguridad vial.
Vialidad Nacional: fin de una era
El plan del Gobierno contempla la disolución total de Vialidad Nacional, organismo creado en 1932 y responsable del desarrollo, mantenimiento y fiscalización de la red vial nacional. Su estructura cuenta con más de 5300 empleados, de los cuales 1500 tienen cargos jerárquicos.
Las concesiones de obras y servicios públicos de transporte terrestre serán gestionadas desde ahora por el Ministerio de Economía, que también absorberá los activos y fondos que hasta ahora estaban bajo control de Vialidad. Aunque el personal será mantenido temporalmente, se prevé una profunda reestructuración de las unidades organizativas.
Nuevas agencias y funciones
En reemplazo de las estructuras eliminadas, se creará la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que será la encargada de fiscalizar los contratos de concesión de obras viales, líneas ferroviarias y transporte público nacional. Además, se transformará la Junta de Seguridad en el Transporte, que ahora pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, y se abocará exclusivamente a la aviación civil, dejando de investigar siniestros automotores.
Con este decreto, el Gobierno nacional busca dar una señal de reducción del Estado y centralización operativa. Sin embargo, la magnitud de los cambios genera incertidumbre sobre la continuidad de los controles, la preservación de la infraestructura vial y la articulación con los gobiernos provinciales y municipales.
