El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció este jueves que el Gobierno impulsará una reforma del Código Penal con el objetivo de declarar imprescriptibles los delitos sexuales, evitando así que el paso del tiempo impida juzgar a los responsables.
Nacionales04 de julio de 2025
InfoTec 4.0
BUENOS AIRES | “Los delitos sexuales NO deberían prescribir. Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que enviaremos al Congreso, propondremos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales”, expresó el funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X.
El anuncio se produce tras la polémica desatada por un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, que benefició al exsacerdote Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abuso sexual de menores en el seminario de Paraná. En una decisión que generó indignación en sectores sociales y jurídicos, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que los hechos habían prescripto, ya que ocurrieron entre 1985 y 1993 y fueron denunciados recién en 2012.
Una propuesta con fuerte contenido político y social
El ministro Cúneo Libarona, alineado con el gobierno de Javier Milei, no sólo salió a responder al escándalo judicial, sino que propuso una modificación de fondo que implicaría cambios profundos en la legislación penal argentina. La iniciativa buscará eliminar el límite temporal para iniciar acciones legales en casos de abuso sexual, una demanda largamente sostenida por víctimas y organizaciones de derechos humanos.
Actualmente, en el sistema penal argentino, no todos los delitos sexuales son imprescriptibles, salvo cuando se trata de abusos contra menores en determinadas circunstancias. La propuesta oficial pretende ampliar ese criterio a todos los delitos sexuales, sin importar cuándo ocurrieron ni la edad de las víctimas al momento de los hechos.
La iniciativa será incluida en el proyecto de reforma integral del Código Penal que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso. Desde el entorno del ministro aseguran que se trata de una “prioridad legislativa”.
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