Clausuran Atanor por contaminar el Paraná: hallaron glifosato, arsénico y plomo en sus desechos

La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ordenó la clausura total y preventiva del predio de la empresa Atanor en San Nicolás, tras confirmar un grave caso de contaminación industrial sobre la vera del Río Paraná.

La drástica medida se tomó luego de que los resultados de laboratorio confirmaran las denuncias que la comunidad local, el Foro Medio Ambiental (FOMEA) y Greenpeace venían realizando en las últimas semanas. La inspección se había realizado el pasado 9 de junio.

Los análisis oficiales detectaron niveles elevados de herbicidas como glifosato, atrazina y el prohibido clorpirifos, además de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados, incluyendo arsénico, plomo y cromo. Se constató que la empresa vertía estos efluentes industriales a través de un ducto autorizado únicamente para desechos cloacales, violando la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.

"Al momento de la inspección, Atanor afirmó que no hubo contaminación. Sin embargo, en los análisis se detectaron agroquímicos y metales pesados. Este hecho de contaminación es un ejemplo más de los reiterados que vecinos y organizaciones denunciamos”, aseguró Agostina Rossi Serra, de Greenpeace Argentina.

Producto de la clausura, la empresa anunció que iniciará un proceso de relocalización de su operación, pero adelantó que planea mantener un centro logístico para productos peligrosos en el mismo predio clausurado, lo que generó un fuerte rechazo.

Fabián Maggi, abogado de los vecinos de San Nicolás, fue contundente al respecto: “La relocalización figuraba en nuestra demanda. Ahora la empresa, acorralada, anuncia su traslado. Sin embargo, antes debe hacerse cargo del enorme pasivo ambiental que generó. No vamos a aceptar que en ese lugar se instale un polo logístico de agrotóxicos, es criminal acopiar esas sustancias junto a un barrio y frente a una escuela”.

Desde la Autoridad del Agua se ordenó a la empresa el cegado del ducto industrial en un plazo de 24 horas y la presentación de un cronograma para el desmantelamiento de la planta de tratamiento de residuos.