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El Gobierno nacional autorizó formalmente la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) por medio de la venta de las acciones que posee el Estado, a través del Decreto 494/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión se formaliza tras la modificación del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, que habilitó la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago.
La normativa dispone que la venta del 90% de las acciones de la compañía, que pertenecen al Estado nacional, se llevará a cabo en dos etapas. En una primera instancia, se realizará una licitación pública de alcance nacional e internacional para vender al menos el 51% del total del paquete accionario a un operador estratégico.
En tanto que en segundo orden se determinó que el remanente de las acciones estatales que no haya sido vendido en la licitación se ofrecerá en bolsas y mercados del país. En este proceso no se implementará un nuevo Programa de Propiedad Participada.
En este marco, quedó estipulado que “el Ministerio de Economía, en su carácter de autoridad de aplicación, adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.
En el texto oficial, el Ejecutivo fundamentó la decisión aduciendo que “desde su creación, AySA ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional”, precisando en base a los estados contables de la empresa que entre 2006 y 2023 el Estado realizó transferencias del Tesoro por aproximadamente US$13.400 millones.
Al respecto, indicó que “esta asistencia financiera del Estado Nacional no ha logrado impedir un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA, reflejado en la disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros”.
En este contexto, sostuvo que “la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional”.
De esta manera, el Gobierno avanza con la privatización total de la firma considerando que “para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa”.
En este sentido, explicó que la medida busca “contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios”.
