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Primera denuncia: presunta manipulación del pliego de El Medanito
La primera presentación apunta a lo que describen como una “manipulación evidente” del pliego licitatorio del área hidrocarburífera El Medanito y una violación de la Ley N.º 3620. Según expusieron, se incluyó un mecanismo de medición “artificial y manipulable” para determinar las regalías provinciales, reemplazando el sistema legal de caudalímetros instalados en boca de pozo por datos cargados en un software “susceptible de alteración”.
Desde el espacio político señalaron que la Comisión de Precalificación y Preadjudicación —creada por decreto del gobernador Sergio Ziliotto e integrada por representantes del Ejecutivo, Pampetrol, diputados provinciales y el intendente de 25 de Mayo— aprobó el pliego pese a estas objeciones. Aseguran que la metodología cuestionada reduce arbitrariamente el cálculo de la producción real, afectando la percepción del 20% de regalías que corresponden a la provincia y, por extensión, a los municipios pampeanos.
La denuncia incorpora además el dictamen en disidencia de la diputada oficialista Noelia Sosa, quien advirtió la “ilegalidad del mecanismo”, la imposibilidad de auditorías técnicas independientes y el “grave riesgo de perjuicio económico para el Estado provincial”.
También se cuestiona la falta de envío de información a la Secretaría de Energía de la Nación desde 2023, la ausencia de informes de gestión obligatorios ante la Cámara de Diputados y el incumplimiento del artículo 5 bis de la Ley de Pampetrol, que establece la conformación de la sindicatura según la representación surgida del voto.
Desde Comunidad Organizada señalaron que venían reclamando un informe técnico integral del área —el denominado Data Room—, y afirmaron que el presentado por Pampetrol se realizó con posterioridad y sin cumplir los procedimientos que, sostienen, debían incluir la revisión legislativa previa. También adelantaron que incorporarán el listado completo de los funcionarios que intervinieron en la elaboración del pliego.
Segunda denuncia: presuntas irregularidades societarias en Refi Pampa
La segunda presentación refiere a la situación de Refi Pampa S.A., empresa constituida en La Pampa y beneficiaria de préstamos, exenciones impositivas y predios para instalar su refinería en 25 de Mayo. Según indicaron, pese a no haber cumplido con la devolución del crédito otorgado, el Estado provincial mantuvo un 20% de participación accionaria y representación en el directorio, encuadrado en la Ley Provincial de Hidrocarburos N.º 2675.
El partido denunció que, durante los últimos años, se realizaron múltiples movimientos societarios dentro del grupo económico de Refi Pampa —que incluye a firmas como Kalpa Group S.A. y All Road S.A.— sin la autorización legislativa obligatoria para empresas vinculadas a concesiones o recursos provinciales. Aseguran que esas modificaciones fueron inscriptas incluso en boletines oficiales de diferentes jurisdicciones durante 2024, sin que el representante estatal ni el gobernador informaran o detuvieran las maniobras.
Según la presentación, la sociedad hoy denominada Sinchicuna S.A. habría absorbido a las demás, mientras que la refinería de 25 de Mayo quedó en manos de Petróleo y Servicios S.A. Refi Pampa S.A., en cambio, llegó a un estado de vaciamiento patrimonial e insolvencia, y posteriormente se presentó en concurso preventivo ante la Justicia de General Acha, con un pasivo que incluye deudas con el propio Estado provincial a través de Pampetrol.
La denuncia agrega que la Comisión Nacional de Valores suspendió la operatividad y negociación de los títulos de la empresa y que, aun en ese contexto, el Gobierno provincial continuó entregando petróleo a Refi Pampa sin autorización judicial ni intervención de la sindicatura, comprometiendo la posibilidad de recuperar recursos públicos y afectando el patrimonio de otros acreedores.
Pedido de medidas urgentes
Comunidad Organizada solicitó que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas inicie de inmediato una investigación, dicte medidas cautelares para frenar la entrega de petróleo u otros beneficios a la empresa o sus firmas vinculadas, y requiera informes al juez del concurso sobre la titularidad real y la explotación de la refinería.
