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ROSARIO | Desde la institución ruralista advierten que la problemática no solo persiste, sino que se agrava, en un contexto marcado por el aumento de delitos en los campos, la vulnerabilidad de productores y trabajadores rurales, y la desarticulación de herramientas que anteriormente resultaban clave para la prevención del delito.
Uno de los puntos centrales del reclamo es el desmantelamiento de la central del OJO y la pérdida de su vínculo operativo con las entidades agropecuarias. Este sistema de monitoreo y coordinación había sido considerado fundamental para combatir hechos de abigeato, robos de maquinaria agrícola y hurtos de granos, delitos que hoy vuelven a repetirse con mayor frecuencia, según denuncian desde el sector.
Asimismo, la Sociedad Rural de Rosario alertó que la última reunión del Consejo Empresario con el Ministerio de Seguridad estuvo enfocada exclusivamente en la seguridad urbana, sin que se abordaran medidas específicas para el ámbito rural. Para la entidad, esta omisión refleja la falta de una agenda clara y diferenciada que contemple las particularidades del campo.
En su análisis del escenario actual, la entidad fue contundente al señalar la ausencia de controles efectivos y la creciente exposición de quienes viven y trabajan en zonas rurales. En contraposición, destacó el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al que reconoció como el único organismo que mantiene una escucha activa y atiende de manera concreta las denuncias vinculadas a la inseguridad rural.
Desde el sector productivo insisten en que el problema requiere acciones específicas y sostenidas en el tiempo: una justicia efectiva, investigaciones ágiles, mayor presencia policial y patrullajes rurales, la reactivación de sistemas de monitoreo, canales de comunicación directos con las fuerzas de seguridad y una agenda de trabajo formal entre el Estado y las entidades agropecuarias.
Finalmente, la Sociedad Rural de Rosario reiteró su pedido a las autoridades provinciales para que “tomen cartas en el asunto”, convoquen a una reunión con todas las partes involucradas y avancen en soluciones claras, eficaces y concretas. El reclamo, sostienen, no solo apunta a proteger al sector productivo, sino a garantizar condiciones básicas de seguridad para quienes “sirven a la Patria mejorando la producción”.
