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La decisión fue oficializada mediante la Resolución 201/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), María Beatriz “Pilu” Giraudo. Hasta ahora, las campañas sanitarias debían realizarse obligatoriamente a través de los entes o fundaciones sanitarias habilitadas en cada distrito.
Con el nuevo esquema, los titulares de establecimientos ganaderos registrados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) podrán contratar directamente a veterinarios privados acreditados ante Senasa para la compra, conservación y aplicación de las vacunas.
La medida no contó con el consenso de buena parte de la dirigencia rural, especialmente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad de la que dependen muchas de las fundaciones sanitarias que actualmente participan del sistema de vacunación. El cambio ya había sido anticipado tiempo atrás por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Según lo establecido en la resolución, los productores que opten por un veterinario privado deberán informar su elección con al menos 30 días corridos de anticipación al inicio de la primera campaña anual de vacunación. En caso de no hacerlo, el servicio seguirá siendo prestado automáticamente por el ente sanitario correspondiente a su jurisdicción.
Los veterinarios que participen del nuevo sistema deberán cumplir ciertos requisitos, como estar acreditados para trabajar en programas de brucelosis bovina y garantizar el mantenimiento de la cadena de frío de las vacunas. Además, estarán obligados a registrar las actas de vacunación en el sistema oficial dentro de un plazo máximo de siete días desde la aplicación.
De acuerdo con el Gobierno, la medida forma parte de un proceso de simplificación administrativa y desregulación económica. Desde el Senasa señalaron que el objetivo es ampliar la libertad de elección de los productores y generar un sistema más flexible y ágil para las campañas sanitarias en todo el país.
