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NACIONALES | El bloque de La Libertad Avanza en el Senado trabaja para cerrar un acuerdo con los bloques opositores que permita convocar a sesión durante la próxima semana. En esa jornada, el oficialismo pretende debatir el proyecto de propiedad privada, avanzar con la denominada Ley Hojarasca y dar tratamiento a alrededor de treinta pliegos judiciales pendientes de aprobación.
La titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, había manifestado su intención de sesionar este miércoles, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel resolvió convocar a Labor Parlamentaria recién para ese día al mediodía, lo que correría la posibilidad de sesión hacia el 15 o 16 de julio. Este nuevo cruce de agendas se suma a la serie de tensiones que vienen protagonizando Bullrich y Villarruel, en momentos en que la senadora porteña buscaba activar formalmente el recinto desde la semana pasada.
En cuanto al contenido de la sesión, el proyecto que concentrará mayor atención es el de propiedad privada, que llegará con modificaciones respecto de la propuesta original del Gobierno. La iniciativa impulsada inicialmente buscaba levantar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales en el país, pero fuentes parlamentarias señalaron que el dictamen final —ya en su decimotercera versión— mantiene la prohibición para que empresas con capital extranjero compren esas tierras, además de exigir el aval conjunto de las provincias, el Gobierno nacional y el Congreso para operaciones en zonas de frontera.
El proyecto, elaborado originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también contempla cambios en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. En su recorrido por las comisiones sufrió modificaciones importantes: se eliminó por completo el capítulo vinculado a la ley de barrios populares y se reformularon los apartados sobre extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y gestión de incendios. Respecto de este último punto, se conserva la restricción que impide, durante 60 años, cambiar el uso de los bosques nativos afectados por incendios, tal como establece la normativa vigente desde 2020, aunque sí se habilita a dar un destino distinto a las tierras rurales alcanzadas por el fuego. En el caso de las propiedades ocupadas de manera ilegal, el proyecto prevé un mecanismo de desalojo exprés, con un plazo de apenas tres días para desocupar el inmueble, mientras que para los inquilinos con atrasos en el pago el plazo se extiende a diez días hábiles.
En paralelo, el oficialismo buscará dar media sanción a la Ley Hojarasca, que propone derogar cerca de setenta normas consideradas obsoletas o sin vigencia práctica frente a los avances tecnológicos. Entre las disposiciones que se pretende eliminar figura una ley de la época de Lanusse que obliga a dar aviso previo a la policía para realizar reuniones públicas en lugares cerrados y que habilita el ingreso de las fuerzas de seguridad a esos encuentros, considerada por los impulsores del proyecto como una restricción excesiva a la libertad personal. También se buscará derogar una norma de 1975 que exige a los medios de radio y televisión destinar un mínimo de sesenta minutos diarios a contenidos de interés turístico nacional.
En la misma sesión, La Libertad Avanza pretende avanzar además con la aprobación de una treintena de pliegos judiciales. Entre ellos se destaca la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita el aval del Senado para continuar en funciones antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio. También integra la lista el pliego de Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo, propuesto para un juzgado de Lomas de Zamora que tiene a su cargo la causa que involucra al ex intendente de ese municipio, Martín Insaurralde, y a la modelo Jésica Cirio.
