¿Represalia judicial? Trasladaron a la jueza que frenó la restitución forzada del bebé de Rancul

GENERAL PICO | La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de General Pico, Alicia Paola Loscertales, fue trasladada de manera "sorpresiva" a su puesto anterior en el Juzgado Regional Letrado de 25 de Mayo, según pudo saberse a partir de fuentes consultadas por Infotec 4.0. Loscertales se desempeñaba como jueza sustituta del Juzgado de Familia N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en General Pico, y ahora debió regresar a la sede de 25 de Mayo, donde había sido designada como titular en 2018, cuando se creó ese juzgado, ubicado a unos 540 kilómetros de distancia de su cargo más reciente. Si bien se trata de un cargo de carácter sustituto, en el que este tipo de movimientos suele consensuarse entre las partes, en el entorno de la magistrada remarcan que este traslado se produjo sin ese consenso previo.

El movimiento se da llamativamente apenas semanas después de que Loscertales interviniera en el caso que mayor repercusión social generó en la provincia durante este año: el del bebé de Rancul, criado desde los dos meses de vida por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani en el marco del programa de Familias de Contención. Según reconstruyó este medio en coberturas anteriores, la pareja había solicitado ser considerada como familia adoptiva del niño, pedido que fue rechazado en primera instancia por la jueza Ana Clara Pérez Ballester (Caso Lucio Dupuy), disparando una orden de niñez mediante un simple mensaje de whatsapp ordenando la inmediata restitución del niño para ser llevado a un "dispositivo". 

Ante esa negativa, las abogadas de la familia, Cristina Salvadori y Yanina Cabrera, presentaron un recurso de amparo que recayó en Loscertales, en su carácter de jueza de turno, quien hizo lugar a la medida cautelar y ordenó que el niño continuara en el hogar de Díaz y Pizzani, frenando además el proceso de restitución que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia había dispuesto a través de un simple mensaje de WhatsApp.

Días más tarde, la magistrada avanzó incluso más allá de la cautelar y dictó la situación de adoptabilidad del pequeño, lo que dejó formalmente abierto el proceso de selección de la familia definitiva. En los fundamentos de ese fallo, según trascendió, Loscertales cuestionó de manera directa el accionar de la Dirección de Niñez, al considerar que la comunicación informal utilizada para intimar la restitución del niño carecía de un acto administrativo válido y de una notificación fehaciente, lo que a su criterio "vulnera el debido proceso y convierte al niño en un objeto de traslado intempestivo, como un paquete, sin reparar en el daño que se le ocasiona". La resolución priorizó, según se remarcó en su momento, el interés superior del niño por sobre una aplicación mecánica de la normativa vigente, evitando así "que se afecte su centro de vida y sus vínculos de apego".

Jueza Paola Loscertales: "El niño no puede ser tratado como un paquete"

Según pudo saber Infotec 4.0 a través de fuentes cercanas al caso, el traslado a 25 de Mayo fue interpretado dentro de su entorno como una represalia directa vinculada a la resolución del caso de Rancul. "Después que concedió el amparo, le dejaron de hablar, le dejaron de atender el teléfono. Cambió todo el trato de una parte del sistema judicial", relató una fuente consultada por este medio.

En el mismo sentido, apuntaron contra lo que definieron como el "sistema" judicial y contra la jueza Ana Pérez Ballester, a quien responsabilizaron por el trato recibido tras el fallo, en referencia a la magistrada que había resuelto en sentido contrario al planteo de la familia de contención de Rancul, tal como había ocurrido previamente en el caso de otro niño, identificado como "S", criado en General Pico, cuya cautelar también fue rechazada por Pérez Ballester, lo que en aquella oportunidad derivó en la separación abrupta del niño de sus cuidadores.

Cabe remarcar que se trata de versiones y valoraciones atribuidas al entorno de la jueza Loscertales, sin que hasta el momento exista una explicación oficial por parte del Poder Judicial de La Pampa respecto de los motivos concretos del traslado, ni una respuesta pública de la jueza Ana Pérez Ballester ante las versiones que circulan en torno a su rol en la definición del caso.

El de Rancul, mientras tanto, escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recientemente dio lugar a su intervención, en paralelo a la gestión que Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani llevan adelante ante el Congreso de la Nación en busca de respaldo político para su reclamo no solo personal sino para todas las familias que atraviesen la misma situación. El traslado de la jueza que frenó en primera instancia el desarraigo del niño reabre, en ese contexto, un interrogante que excede lo estrictamente judicial: qué margen tienen los jueces de familia para apartarse de una aplicación rígida de la normativa cuando, a su criterio, esta entra en conflicto con los vínculos afectivos y el interés superior del niño involucrado.