La denuncia que tomó estado público a través de los medios de prensa provinciales ameritó el viaje del grupo de funcionarios, a fin de conocer en forma directa el desarrollo de los acontecimientos que culminaron con una presentación en sede policial por parte de los vecinos hacia un productor riglense que, según sostienen, el jueves de la semana pasada habría realizado tareas de fumigación a escasos metros de la zona urbana, en directa confrontación con el marco legal existente que impide este tipo de trabajos por los riesgos que conlleva para la población.

“Vinimos expresamente con el fin de rectificar o ratificar las actuaciones en curso. Esta comisión está integrada por funcionarios del área  de Salud y de Medio Ambiente; con ellos procedimos a revisar los procedimientos adoptados en función a la problemática conocida. Junto con el intendente la gente de Salud tomó contacto con profesionales del Establecimiento Asistencial “Dr, Antonio Olaiz” y con los funcionarios de Medio Ambiente repasamos los informes respectivos”, señaló Benini.

A su vez, confirmó que poco después de conocerse el episodio se pudo corroborar que la intendencia había elevado al seno del Concejo Deliberante local, la Ordenanza que establece las medidas a tomar más allá de las que se encuentran establecidas y reglamentadas por el Poder Ejecutivo Provincial. Benini también hizo referencia a las razones que llevaron al gobernador, Carlos Verna, a solicitar la renuncia del director de Agricultura, Carlos Ferrero.

“Entendemos que las expresiones del director vertidas a un medio de prensa no estuvieron en sintonía con la política que, respecto a medio ambiente, lleva adelante el Poder Ejecutivo. El Gobierno propicia una Provincia limpia, productora de alimentos sanos y cuidadosa del bienestar de todos sus habitantes y, en consecuencia, se analizó en este caso puntual que no existió el rigor que hacía falta para actuar en consecuencia por lo que se decidió apartar al director a cargo”, señaló.

Estado de situación
Benini, tras las reuniones ampliadas con el intendente, representantes de Salud local y vecinos del medio, consideró que “la situación está mucho más tranquila; si bien están iniciadas las actuaciones para determinar las posibles responsabilidades que haya tenido el productor investigado, sí podemos adelantar que la Provincia no va permitir que esto ocurra o vuelva a ocurrir. Para el Gobierno es prioritario el cuidado del medio ambiente y de los habitantes”, afirmó.

De la ronda de contactos establecidos se incluyó una con productores, entre ellos el operador de la máquina perteneciente al vecino señalado como responsable de la supuesta fumigación ilegal. “El dueño de la máquina no está en la localidad, sí hablamos con el operario. Hemos analizado el tipo de producto utilizado, lo tenemos identificado, tomamos muestras en la zona fumigada para verificar si existió o no contaminación y, especialmente, reiteramos a los vecinos en cada lugar visitado que estén alertas por acciones similares y que las denuncien inmediatamente, así también como si se detectan envases en lugares no adecuados, porque no vamos a permitir que por el mal uso de los agroquímicos se rompan las normativas vigentes; no admitiremos que se ponga en riesgo a la población”, concluyó.     
 

El caso.
Los vecinos de Miguel Riglos denunciaron que un productor agropecuario, cuyo establecimiento rural está contiguo al pueblo, realiza fumigaciones sin respetar la normativas vigentes en cuanto a la distancia que tiene que haber con el casco urbano. Pero eso no es todo, si bien aún no están los resultados de los estudios, sostienen que el producto utilizado es un agente denominado 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético, un herbicida sistémico hormonal auxínico, usado en el control de malezas de hoja ancha) y añaden que almacena el producto dentro de la zona urbana, algo que tampoco estaría permitido, según plantearon.