En los fundamentos del proyecto -elaborado por el diputado Marcos Cuelle- se destacaron las estadísticas difundidas la semana pasada por el superior Tribunal de Justicia en la que reveló que durante esta pandemia el 40% de las condenas en la provincia de La Pampa fueron por causas de violencia de género o doméstica. Aunque se aclaró que si a ello se le sumaran los abusos sexuales, se superaría el 50%.

Desde el bloque de la UCR proponen en esta ley que aquellas personas condenadas por sentencia firme, en los que cualquier persona sea víctima de violencia contra la mujer por cuestiones de género o por violencia familiar, no pueda ser candidata a cargos electivos provinciales o municipales, ni ser designadas funcionarios públicos, ni ser contratistas del Estado o integrante de los órganos autárquicos o empresas del mismo. Tampoco podrán recibir acuerdo las personas postulantes a magistrados o funcionarios del Poder Judicial.

La autoridad de aplicación de la ley sería el Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, o la unidad de organización que en el futuro lo reemplace.

“La iniciativa tiene por objetivo, ser una herramienta más, para complementar la erradicación de la violencia, dentro de las políticas públicas que viene llevando adelante el Estado provincial. Es un mecanismo para impedir que las personas violentas se desarrollen en ámbitos públicos con total inmunidad, o dicho de otra forma, para que el Estado no sea cómplice de las personas violentas”, sostuvo Cuelle.

“Estamos convencidos, que la eliminación de la violencia contra la mujer por cuestiones de género es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, tal como lo demuestra la reciente ley aprobada por unanimidad por esta Cámara de representantes, por la que se crea la paridad entre mujeres y hombres en cargos de representación”, remarcó el legislador.

“Asimismo, la iniciativa propone invitar a sumarse a la misma, a las cámaras empresarias, colegios y consejos profesionales, para que instituyan en caso de ser aprobada, la solicitud de certificado de no inscripción en el registro único de personas violentas como antecedente laboral”, concluyó.

Gentileza: Diario Textual