Los tres fueron imputados ante una denuncia penal efectuada por el subsecretario de Salud Gustavo Vera, por haber participado de un encuentro social el día lunes 20 de julio de 2020 (Día del Amigo).

Los hechos.
Habría tenido inicio alrededor de las 20:45 extendiéndose hasta las 0.45 aproximadamente, en el domicilio particular de Pablo Balaguer, en la calle Olga Orozco esquina Congreso de Santa Rosa. Allí habrían estado al menos otras cinco personas además del dueño de casa: Carlos Ruiz, Pedro Arcuri, Miguel Angel Vagge, Guillermo Alberto Sancho y Marcelo Molín.

En ese momento los encuentros sociales estaban prohibidos fuera de días y horarios permitidos. Según el Ministerio Público Fiscal la reunión constituyó una actividad en pugna con lo dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia nº 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y 606/20 del Poder Ejecutivo Provincial, que disponía el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pudiendo encuadrarse en los delitos previstos por el art. 205 del Código Penal.

Fórmula conciliatoria.
Los fiscales Marcelo Amado y Andrés Torino, en su carácter de Fiscal General y Fiscal respectivamente, solicitaron el sobreseimiento de los imputados «en consonancia con lo dispuesto por la Resolución 39/20 de la Procuración General y la Ley Orgánica del Poder Judicial -art. 112 inc. 13_».

Así las cosas el MPF desistió del proceso en curso, posibilidad que tienen cuando «razones de conveniencia o resolución de conflictos por cualquier vía, tornaren innecesario su mantenimiento» y consideró «ajustado a las circunstancias del caso la aplicación de una fórmula conciliatoria a la que se les suma la anuencia de la parte querellante», en este caso el Gobierno provincial.
Los fiscales tuvieron en cuenta que los funcionarios judiciales hicieron una presentación por intermedio de su abogado José Mario Aguerrido, en el que señalaron que eran responsables de la conducta que se les atribuía y pidieron disculpas (ver aparte: «Funcionarios pidieron…»).

Ofrecen 1.200.000 pesos.
El defensor de Sancho, Balaguer y Vagge sostuvo por su parte que «el hecho investigado y las conductas atribuidas, han tenido lugar dentro de la esfera de intimidad y privacidad de las personas» y «no tuvieron relación específica con el ejercicio de sus funciones judiciales o en razón de ellas» por lo que consideró atinado aplicar el criterio de oportunidad.

En ese sentido los tres -en conjunto- ofrecieron la suma de 1.200.000 pesos a modo de resarcimiento, lo que fue aceptado. Ese monto será destinado al «Fondo Solidario para la Emergencia Sanitaria» creado por Ley 3218 de la Provincia de La Pampa, con la finalidad de comprar insumos médicos relacionados al Covid 19, todo ello de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución n° 39/20 PG.

Una fuente tribunalicia indicó por estas horas que el total recaudado en concepto de «resarcimientos», por incumplimientos durante las restricciones por la pandemia estaba en el orden de $1.900.000, con lo que se podría considerar que en comparación lo que aportarían ahora los funcionarios judiciales resulta una cifra importante.

Anuencia de querellante.
Además Aguerrido, patrocinante legal de los imputados dejó constancia que «a los efectos de cualquier eventualidad Guillermo Sancho; Pablo Balaguer y Miguel Vagge, manifiestan desistir de toda acción y/o derecho que les pudiere corresponder en relación con cuestiones pasadas, presentes o futuras que tengan origen directo o indirecto con el hecho motivo del proceso».

La parte querellante opinó que prestaba conformidad con la propuesta efectuada por la actuación nº 2435639 que fuera complementada y mejorada en cuanto al monto dinerario ofrecido, mediante actuación nº 2441304″.
En función de todo lo expresado los fiscales desistieron de continuar con el ejercicio de la acción penal y solicitaron el sobreseimiento de los acusados.

Cabe señalar que la resolución del juez de Control Carlos Ordás -la jueza Florencia Maza está en uso de licencia- es con respecto a los tres funcionarios judiciales, pero no obstante tampoco continuará la causa en relación a los otros tres implicados, Pedro Arcuri, Marcelo Molín y Carlos Ruiz. En este caso no deberán oblar suma alguna en concepto de resarcimiento.

Pedido de disculpas
A la vez que «hacen público su pedido de disculpas por el suceso protagonizado», los tres funcionarios judiciales que fueron investigados en el marco de lo que se dio en llamar la «cena de los jueces», sostuvieron que «no han tenido, ni ejercido, privilegio alguno en la resolución del conflicto investigado».

Guillermo Sancho, Pablo Balaguer y Miguel Vagge, en un escrito que presentó su abogado admitieron que «en su calidad de funcionarios judiciales son conscientes y defensores de que el ejercicio de la función judicial supone de mayores exigencias -aún en su vida privada- que para el resto de los ciudadanos». En esa línea expresaron que asumen «expresamente la responsabilidad por el hecho que se les atribuye» y «piden disculpas».

Agregan que ellos tienen «un compromiso institucional como instrumento para fortalecer la legitimación del Gobierno Provincial y especialmente del Poder Judicial de la Provincia» y aclaran que no han tenido ni ejercido «privilegio alguno» en la resolución del conflicto suscitado.
Reconocen también que produjeron «inquietud en la sociedad» pampeana, y solicitaron a la Justicia la aplicación de «una salida alternativa del proceso» similar a la que el Ministerio Público admitió -en el marco de la pandemia- para casos de igual contenido.

Gentileza: La Arena