La ejecución del relevamiento territorial ordenado corresponde a las provincias y a las voluntades de gobernadores, intendentes y poderes locales, ha avanzado lentamente y, de acuerdo a las diferentes gestiones nacionales, con poco o nulo presupuesto. Esto ha hecho que periódicamente los pueblos originarios salgan presionar para exigir la prórroga de la ley y la vigencia de la emergencia territorial que prohíbe los desalojos, que de todas formas –por vía judicial o de hecho– siguen ocurriendo.

Este miércoles 6 de octubre, nuevamente una movilización de pueblos y naciones originarias con delegaciones de todo el país marchó hasta el Congreso Nacional para exigir la prórroga de la norma que vence el 23 de noviembre. “Marchamos hacia el Congreso donde nos recibirán los diputados y las autoridades del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). Exigimos la prórroga de la 26.160, que se haga realmente efectiva y pedimos presupuesto para la ley. Sobre todo, exigimos que los desalojos no sigan ocurriendo. Esa ley la hemos ganado con lucha, pero como el país es federal en muchas provincias no se cumple, los desalojos continúan y ha habido muertes en ellos. Estamos pidiendo que el poder político nos escuche, que la prórroga sea efectiva y el relevamiento tenga presupuesto”, expresó a Canal Abierto Miriam Liempe, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma, del pueblo nación mapuche.

El realiquense José García Gner junto a Omar "Caballo" Suárez.

En la movilización estuvieron presentes Mercedes Soria, Pedro Coria y José García Gner de Realicó entre otros representantes pampeanos.

La organización de la movilización destacaba la presencia de delegados de los pueblos coya, guaraní, ava guaraní, mbya guaraní, wichi, pilagá, qom, mocoví, diaguitas, quilmes, ranculche, mapuche, quechuas, aymara y lule, provenientes de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones, Santa Fe y provincia de Buenos Aires.

Esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan ancestralmente las comunidades, suspende todo proceso de desalojo y ordena la realización del relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras.

Manifestantes de la CCC también tomaron parte de la movilización al Congreso

“El problema aún no está resuelto, necesitamos que siga vigente la prohibición al desalojo de nuestros pueblos y que se resuelva definitivamente el relevamiento pendiente para poder encontrar una solución que sea justa para quienes habitamos ancestralmente estas tierras”, explicita el comunicado de la organización de la marcha.

En el pliego de demandas, los pueblos originarios vienen exigiendo que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, que permitiría obtener los títulos de propiedad, no privada sino comunal, de los territorios relevados.

Gentileza: José García Gner