El propio Martos indicó que con las entrevistas, realizadas en el marco de la investigación fiscal preparatoria por el homicidio del pequeño, buscó que los familiares “me contaran cuál era la relación que tenían con Lucio y con su mamá, como se desarrollaron los primeros tiempos de su infancia, qué pasó cuando la mamá se trasladó a Santa Rosa y si tuvieron contacto con él durante ese tiempo, entre otros temas”.

Junto al funcionario viajaron a la ciudad del norte provincial el abogado Luis Peralta Hurtado, colaborador de la fiscalía, e Ignacio Dalgalarrondo, coordinador general de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos. Ese organismo funciona en el ámbito del Ministerio Público y su función principal es el abordaje y acompañamiento victimológico durante el proceso penal.

Las diligencias se cumplieron en las oficinas de una fiscalía piquense, situada en el Edificio Judicial. Allí Martos recibió los testimonios del papá de Lucio, de su actual pareja, de su hermano Maximiliano y su esposa Leticia Hidalgo –quien tuvo a su cargo la tutela de su sobrino–, de su hermana y su pareja, y de sus padres, Ramón Dupuy y Silvia Gómez, abuelos de la víctima.

El día después del hecho, el juez de control, Néstor Daniel Rali, formalizó a la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, por el delito de homicidio calificado por el vínculo; y su pareja, Abigail Páez, por el delito de homicidio simple, y dictó las prisiones preventivas de ambas hasta la finalización del proceso. Ellas, que están detenidas en el  Complejo Penitenciario N° 1 de San Luis, son las dos sospechosas de haber matado a Lucio, de acuerdo a la teoría de la fiscalía.

Martos, junto a sus pares Verónica Ferrero y Marcos Sacco, conforman el equipo de fiscales dispuesto especialmente para esta investigación. Los tres cumplen funciones en la fiscalía especializada en delitos que impliquen violencia familiar y de género.

Ellos ya reunieron una variada cantidad de pruebas –secuestro de objetos en allanamientos, peritajes, el informe final de la autopsia, documentación enviada por el Poder Ejecutivo–  y, en los próximos días, continuaran entrevistando a familiares, vecinos y otras personas cuyos relatos pueden ser de buen valor probatorio para la investigación.