Los integrantes del máximo tribunal santafesino se encontrarán hoy martes, como es habitual, en la reunión de acuerdos para tratar varios temas y el más fuerte y central será el caso Vicentin. El Presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, decidió admitir un pedido realizado por uno de los acreedores y suspender todos los plazos mediante un per saltum y quitarle temporalmente el expediente al juez natural Fabián Lorenzini.

Finalmente la semana pasada la Corte decidió que este martes 2 de agosto será el día donde se defina el futuro de la empresa. Es que el presidente debe ahora exponer sus argumentos frente al resto de los jueces de la Corte y todos deben votar por el avocamiento o no en la causa.

Es este martes cuando se defina si deja seguir el concurso de acreedores con el juez de Reconquista, si corre al juez y entrega el expediente a otro juez, o si decide por sí misma hacerse cargo de todo el expediente y sale una resolución directamente desde la Corte.

En concreto, los jueces resolverán si rechazan o aceptan el decreto firmado en 16 de junio por el titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, en el que suspendía la convocatoria de acreedores de la aceitera para analizar la posibilidad de iniciar el abocamiento, un proceso de excepción por el cuál el alto tribunal se pone a resolver un caso y no a revisar lo actuado por jueces de instancias inferiores como es su trabajo regular.

Antes de que comience la feria judicial de invierno ya se habían completado todos los pasos procedimentales que eran necesarios (argumentos de las partes) y solo queda pendiente la resolución que podría darse a conocer en las primeras horas de la tarde de este 2 de agosto.

Si la Corte rechaza el inicio del abocamiento, el concurso se reactivaría y Vicentin se encaminaría a resolver su situación. En ese sentido, este martes Vicentin publicó una solicitada en la que -además de informar a sus acreedores el estado de situación- repitió los argumentos para que el máximo tribunal se retire del caso y deje al juez Fabián Lorenzini completar el proceso. Por ejemplo, sostuvo que la oferta de pago logró las mayorías (en capital y cápitas) que exige la ley concursal. Además, sostuvo que alargar las definiciones conspira contra el mantenimiento de las actividades en la empresa, que terminaría siendo vendida y repartida a ACA y las multinacionales Bunge y Viterra.

Pero si la Corte ratifica el decreto de Gutiérrez se inicia formalmente el proceso de abocamiento. Entonces, los jueces deberán ponerse a estudiar no sólo la marcha del concurso sino las investigaciones penales contra el directorio (que está imputado por delitos como estafa y administración fraudulenta). Y es que precisamente, el pedido de abocamiento a la Corte fue presentado por uno de los principales acreedores comerciales (el grupo Grassi) con el argumento de que la homologación del acuerdo de acreedores sería la concreción final de una mega estafa.

Si la Corte inicia el abocamiento, un proceso que pude llevar mucho tiempo por la magnitud y complejidad del caso, se malogra el plan de Vicentin. La Corte puede terminar definiendo a final de camino que el accionar del juez Lorenzini es correcto (reactivándose el proceso concursal), o dárselo a otro juez para que se haga cargo. También puede tomar ella directamente una decisión final.

Hay una enorme expectativa sobre la resolución que pueda tomarse ya que son miles de familias que dependen de que la empresa continúe funcionando, sea quien sea el propietario, pero además los acreedores, entre ellos el Banco Nación que busca recuperar los fondos prestados.