Reabren una causa por un fallo que ordenó transferir terrenos del Ejército a la comunidad mapuche
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron un fallo del juez Daniel Rafecas, que consideró que no había existido delito.
La Cámara Federal revocó hoy el fallo que había sobreseído a todos los imputados por apelar tardíamente la cesión de tierras del Ejército a la comunidad mapuche en Bariloche.
El tribunal, con las firmas de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, hizo lugar a un planteo del fiscal Carlos Stornelli y dejó sin efecto una resolución de primera instancia del juez Daniel Rafecas.
La causa se originó por unos terrenos propiedad del Ejército que fueron cedidos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para su transferencia a la comunidad mapuche, ante un reclamo de los Ranquehue.
La comunidad Millalonco Ranquehue sostiene que esas tierras les pertenecen ancestralmente, desde mucho antes de que fuerzas militares se instalaran en el lugar a finales de la década del 30, en el siglo pasado.
Además, invocó que el Estado argentino ya había reconocido esa situación en 2012 pero nunca concretó la escrituración, por lo cual reclamó “la inmediata transferencia directa”.
Allí se generó la controversia judicial, que derivó en una tardía apelación por parte del Ejército ante un fallo de la Justicia Federal de Bariloche que ordenaba al Poder Ejecutivo que en el término de 60 días transfiera a título gratuito los terrenos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas “a efectos de su adjudicación inmediata en propiedad a la comunidad accionante”.
La procuración del Tesoro, a través de sus abogados Silvia Cristina Vázquez, Leonardo Gastón Havela, Agustín Gasparini y Nicolás Rodríguez Vaccarezza, apeló la medida, pero lo hizo tardíamente, por lo cual el fallo de primera instancia adquirió firmeza.
Rafecas había desestimado la denuncia contra ellos por inexistencia de delito, pero Stornelli apeló esa resolución y ahora la Cámara ordenó reabrir el expediente y profundizar la investigación.
El tribunal ordenó investigar un supuesto “designio para favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales que podrían tener vinculaciones con estructuras terroristas, internacionales o ligadas a la narco criminalidad”.
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