El radicalismo pampeano ratificó su pertenecia a "Juntos por el Cambio"
La Asamblea extaordinaria de la UCR La Pampa ratificó la pertenencia a Juntos por el Cambio y mandató a sus representantes partidarios a iniciar las negociaciones con sus socios del Pro y el resto de las fuerzas que integran la alianza.
En el encuentro que se llevó a cabo este sábado en la histórica sede de Pellegrini 534, los asambleístas votaron “autorizar la incorporación de la Unión Cívica Radical en un Frente Electoral con miras a las elecciones generales de 2023 y, para ello, otorgar mandato a los presidentes de la H. Convención Provincial y del Comité Provincia para que en nombre y representación de la UCR La Pampa, inicien conversaciones y gestiones tendientes a la conformación de ese frente electoral, con los demás partidos políticos con los que la UCR ya integró Juntos por el Cambio o con los que se hubiera aliado en anteriores frentes electorales, nacionales o provinciales".
La novedad de cara al 2023 es que se dejó abierta la posibilidad de incorporar otras expresiones políticas, como vienen insinuando algunos de los referentes de JxC, pero para tal fin se introdujo una clausula para que los mandatarios designados cuenten con previa aprobación de una nueva Asamblea extraordinaria, que se convocaría solo para terminar de definir eso.
Previo a la Asamblea se reunió la Convención Provincial y, además de integrar los organismos partidarios (Junta Electoral, Tribunal de Conducta y Tribunal de Cuentas) se resolvió declarar "la necesidad de la reforma parcial de la Carta Orgánica Provincial para adecuar su texto a la legislación vinculada a los temas: paridad de género, derecho al sufragio de los menores de 16 años y ficha limpia".
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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.