NACIONALES | La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, formalizó una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini; por el accionar del Gobierno de usar piqueteros y camioneros en el control de precios como si fueran "grupos parapoliciales".

"Massa, Tombolini y Fernández están quebrando el estado de derecho incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales. Hoy se hace la denuncia penal", posteó en la mañana de este lunes la ex diputada nacional, en un anticipó de lo que sería la denuncia que formalizó horas después.

En la presentación que Carrió realizó junto a los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, se acusó a Fernández, Massa y Tombolini de los delitos de "incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública, instigación a cometer delitos".

La polémica se inició luego de que la semana pasada trascendiera que el Sindicato de Camioneros se sumaba a los controles que la Secretaría de Comercio realizará en los centros de distribución de los principales supermercados para garantizar el abastecimiento en las góndolas para dar cumplimiento del acuerdo que el Gobierno firmó con las empresas para mantener congelados los precios de 1.900 productos y alrededor de 20.000 artículos de primera necesidad que se venden en las grandes cadenas por 180 días.

En la presentación,se establece que la normativa de "precios justos" prevé la posibilidad de que particulares controlen y denuncien el incumplimiento del programa, pero los controles quedan a cargo de los inspectores del Ministerio de Economía. "Ese y no otro, es el procedimiento de control gubernamental", se remarcó en la presentación judicial.

Puntualmente, Carrió y sus diputados acusaron a Fernández, Massa y Tombolini de dejar el programa "en manos de grupos caracterizados por su apego al delito, como modo de hacer ejecutar sus propósitos, con explícito aval oficial". "Es así como Sergio Massa y su secretario de Comercio, Matías Tombolini han acordado (según sus propias expresiones) con Pablo y Hugo Moyano, para que Oscar Borda, jefe de la rama de logística de ese gremio, encabezara el 'operativo control', que lleva adelante desde hace días, con otros integrantes de ese gremio", resaltaron en la presentación.

Asimismo, en el documento, Carrió habla de "la patota paraestatal", que fue elegida por Alberto F. Massa y Tombolini, "para eludir los mecanismos legales de contralor de precios, a través de sus inspectores, con auxilio de la fuerza pública y, con eventuales allanamientos pedidos a la Justicia, si sus facultades son arbitrariamente limitadas".

"Este 'acuerdo' mafioso, surgido de una reunión del pasado día 13 de Diciembre entre dirigentes del gremio camioneros y funcionarios del Ministerio de Economía, se encuentra en curso, con más de 370 inspecciones que la semana pasada, realizaron sobre la cadena de super mercados 'Dia', en sucursales en distintas provincias", puntualizó.

Distintos referentes de la Coalición Cívica apoyaron la iniciativa de Carrió. "Un país al margen de la ley. Como no tienen un plan consistente ahora arman grupos de choque para estatales para el control de precios. Desde la CCARI nos presentaremos a la justicia para que se impidan estos aprietes", afirmó el diputado Maxi Ferraro.

También se pronunció la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Mónica Frade, quien sostuvo: "Todo dentro del Estado de Derecho. Nada fuera de este. Massa y Tombolini empoderaron a grupos de antecedentes violentos, en un peligroso camino que desde la CC no avalaremos. Mañana será tarde. La Justicia tendrá que hacerse cargo de impedirlo, en eso trabajamos."

A la colaboración del sindicato camionero para el control del programa Precios Justos, que despertó una fuerte polémica en la oposición y el empresariado, el Gobierno también sumó a los movimientos sociales afines que durante la segunda quincena de enero se someten a una serie de capacitaciones barriales.

Se trata, en principio, de la agrupación Somos Barrios de Pie, liderada por Daniel Menéndez, con fuerte presencia en el territorio -en especial en el Gran Buenos Aires-, que además trabaja como subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social.

"Nos pusimos a disposición. Hay un desfasaje en los precios en los barrios populares. La idea es difundir la aplicación", explicaron desde Somos Barrios de Pie. Según resaltaron, habrá una mayor actividad de la organización en las próximas semanas, a partir de los últimos días de enero y desde febrero.

La incorporación de los movimientos sociales a la auditoría del programa Precios Justos que Massa anunció en noviembre como la resolución de "uno de los problemas de la inflación" llega en plena polémica por la labor del sindicato camionero, controlado por la familia Moyano, en la fiscalización de los artículos de la canasta básica.

La participación de Camioneros fue justificada por Tombolini. "Junto a Pablo Moyano sumamos la colaboración de @cgt_camioneros para que los trabajadores de la rama logística del gremio aporten en la verificación del cumplimiento", resumió el funcionario después de reunirse con el secretario de la CGT y de denunciar a algunas de las grandes cadenas de supermercados por "faltantes de stock por posibles desvíos de productos". Por eso el involucramiento de Borda, un gremialista de confianza de los Moyano.

Tombolini, sin embargo, remarcó que el control seguirá en manos del Estado: "Es una facultad indelegable", escribió en Twitter.

Además de Camioneros y de Barrios de Pie, en las últimas horas había trascendido la posibilidad de que ATE, el gremio que nuclea a los trabajadores del Estado, también se plegara a la iniciativa. Consultado, Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general del sindicato, aseguró que aún no habían "recibido ninguna invitación".