Padres del niño asesinado en Laboulaye fueron recibidos por Martín Menem y Patricia Bullrich
Los padres de Joaquín Sperani, el niño de 14 años asesinado por un compañero de clase en Laboulaye, fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En una reunión que tuvo lugar en la Cámara Baja, los padres de Joaquín destacaron la importancia de cambiar el enfoque de la justicia, priorizando la asistencia a las víctimas del delito por sobre la protección de los victimarios.
LABOULAYE | Martín Sperani, padre de Joaquín, expresó en diálogo con Radio Río Cuarto su apoyo al cambio de paradigma que propone el gobierno nacional. "Es fundamental priorizar la asistencia legal, psicológica y pericial a las víctimas, en lugar de enfocarnos en los derechos de los criminales", afirmó. Además, solicitó que la provincia de Córdoba adhiera a la Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, con el fin de garantizar un mejor apoyo y protección a quienes sufren estos terribles hechos.
En el marco de la reunión, Menem y Bullrich firmaron un Convenio Marco para cumplir con los lineamientos de esta ley. A través del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados, liderado por María Luján Rey, y la Dirección de Asuntos Prioritarios del Ministerio de Seguridad, se desarrollarán acciones para fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y mejorar el acceso a la justicia y la asistencia integral.
El caso de Joaquín Sperani conmovió profundamente a la localidad de Laboulaye y sus alrededores. El joven desapareció el 29 de junio de 2023, tras dejar su bicicleta en el patio de la escuela IPEM 278 “Malvinas Argentinas” y no ingresar a clases. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida. El responsable del asesinato fue un compañero de la misma edad, quien fue considerado inimputable debido a su edad.
Tras el trágico suceso, la familia Sperani demandó al gobierno de Córdoba y a los padres del joven asesino por una suma millonaria, en concepto de daños y perjuicios. Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y mejorar las políticas de asistencia a las víctimas, especialmente en situaciones tan dolorosas como la que atraviesa esta familia, y una urgente disminución de la baja de la edad de imputabilidad.
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