SORPRESA: Llaryorá aumentará fuertemente las jubilaciones provinciales con fondos nacionales tras acuerdo
CÓRDOBA | Según explicó el mandatario, el financiamiento de esta decisión será posible gracias al adelanto de $60.000 millones que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a transferir a Córdoba tras un acuerdo parcial ante la Corte Suprema de Justicia en mayo pasado. Esta deuda corresponde a fondos previsionales nacionales acumulados en favor de la provincia entre 2019 y 2024.
"Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan", expresó Llaryora en su cuenta oficial de la red social X, acompañado por un video institucional. El gobernador también remarcó que la medida tendrá vigencia mientras continúen recibiendo los fondos desde Nación.
Según datos oficiales de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, a junio de 2025 más de 2.600 beneficiarios cobraban por debajo del piso anterior de $380.000, y otros 2.000 estaban en el tramo entre $210.000 y $370.000. Al considerar a quienes perciben hasta $750.000 —un total de 16.534 prestaciones entre jubilaciones y pensiones—, el beneficio alcanzaría a aproximadamente 18 mil personas, lo que representa el 15% del total de prestaciones vigentes en la provincia.
Llaryora también hizo un llamado indirecto a las autoridades nacionales, planteando que “en este contexto tan difícil que vive nuestro país”, es necesario estar del lado de quienes más lo necesitan. En el trasfondo del anuncio, al menos 13 provincias argentinas mantienen reclamos similares ante la Corte Suprema por deudas previsionales, fondos para el desarrollo y otros aportes.
El entendimiento con el Gobierno nacional que permitió el adelanto de fondos será retomado en una nueva audiencia ante la Corte en diciembre, momento clave para consolidar los montos reclamados y definir un mecanismo de pago a futuro.
Con esta actualización, Córdoba se posiciona entre las provincias con la jubilación mínima más elevada del país, en un contexto nacional de ajuste y tensiones entre jurisdicciones por el reparto de fondos federales.