Nada que ocultar: Karina Milei levantó la cautelar por los audios
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió levantar la medida judicial que había impuesto para impedir la difusión de los audios en los que el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, hablaba de supuestos pagos de sobornos vinculados a compras de medicamentos.
NACIONALES | La resolución fue tomada por el juez en lo civil y comercial federal Alejandro Maraniello, quien levantó la restricción que regía como censura previa. “No afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional”, justificó la hermana del presidente en su presentación.
En los audios —difundidos inicialmente por Jorge Rial y Mauro Federico— Spagnuolo vinculaba a Milei y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem con presuntos sobreprecios en contrataciones de fármacos.
La decisión de Karina Milei fue presentada por su abogado, Santiago Viola, quien rechazó el planteo del director de Perfil, Jorge Fontevecchia, al que acusó de “atacar a su familia mediante noticias falsas”. “Creo en la libertad de prensa, pero ese derecho no puede confundirse con el derecho a desinformar o ejercer presión política”, expresó la funcionaria.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza: el fiscal Franco Picardi ordenó nuevos allanamientos en propiedades vinculadas a Spagnuolo y a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada como parte de la maniobra. En un operativo reciente, se encontró una caja de seguridad con 80.000 dólares atribuida al exfuncionario.
La causa sumó además un capítulo inesperado: los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, renunciaron alegando motivos personales, lo que obliga al exdirector de la ANDIS a designar nuevos representantes legales.
Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, la fiscalía continúa el análisis de documentación bancaria y fiscal para reconstruir la presunta ruta de dinero que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con proveedores de medicamentos.
El caso se mantiene como uno de los expedientes más sensibles para el gobierno de Javier Milei en materia de corrupción.
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