El proyecto no difiere del presentado cada año por la ONG, o sea, ignora la mayoría de los retoques realizados en 2018 para lograr una mayoría en la Cámara baja, que luego no fue posible repetir en el Senado.

Sostiene las 14 semanas de gestación como tope para abortar (el Senado había evaluado cambiarla a 12), pero no pena a las mujeres que lo practiquen superado ese período, como lo hacía el dictamen del año pasado.

Mantiene el polémico artículo que autoriza el aborto a chicas de entre 13 y 16 años por considerar que no es una intervención invasiva, según la definición del Código Civil y Comercial aprobado en 2015. Fue otro fragmento borrado en la negociación del último invierno.

El proyecto tiene dos novedades: incorpora el aborto al programa médico obligatorio (PMO) para exigir a las obras sociales que cubran el tratamiento sin costo, al igual que el sistema de salud pública. Y también agrega artículos de la ley de Educación Sexual Integral, la ESI, dictaminada en septiembre y archivada por gestión de Eduardo Finocchiaro cuando parecía desatar otra disputa entre verdes y celestes, colores característicos de promotores y detractores del aborto que acapararon las calles durante los primeros 8 meses del año pasado.

 Gentileza: Textual/política on line