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Esta noche, el abogado Ricardo Bazla terminó de confirmar lo que la familia había hecho trascender durante todo el día. “En nuestra primera interpretación se estaría confirgurando el abandono de personas seguido de muerte”, destacó el letrado.
Bazla junto a Lucio Pereyra asumieron la representación legal en carácter de particular damnificado. Y en ese sentido el abogado transmitió las preocupaciones que tiene la familia. Advirtieron que hay “muchos defectos en la instrucción policial” y que solicitaron el avocamiento judicial para que la Policía no intervenga más en la instrucción.
“El parte policial anticipa pruebas que solo las puede dar el juez interviniente, como por ejemplo el test de alcoholemia; dijo que fue negativo en todos los ocupantes de la camioneta. La policía debe hacer el procedimiento pero reservarlo, no hacerlo público”, cuestionó el abogado respecto a la única información que fue oficial.
“Nos preocupa mucho que no haya sido la Policía quien le avisara a los familiares de Barroso, sino el intendente municipal, porque se enteró y porque la víctima era empleado municipal e iba a tomar posesión de su función”, puntualizó como otro de los puntos extraños.
Las sospechas
También agregó que la Policía “no preservó la escena del hecho”, y que el tránsito se liberó rápidamente. Consideró “llamativa y urgente” la autopsia que se le practicó al cuerpo en Villa Mercedes: “Naturalmente no pudimos asistir ni designar perito de parte porque nadie estaba en conocimiento de que esto pasaba de manera tan rápida”.
Analizó que “hay varios aspectos que no quedan claros” y que serán objeto de investigación. Uno de los ocupantes de la camioneta, según Bazla, sería de profesión enfermero, y por lo tanto “le asiste una responsabilidad” por los conocimientos en la salud. Advirtió además que el accidente ocurrió en el acceso a Fortuna y que la localidad tiene un hospital recientemente inaugurado “que reúne las condiciones para asistir a personas en accidentes de tránsito”, y que la existencia del centro asistencial no pudo haber sido ignorada por Freixes.
“Dudamos que no haya señal en el acceso a la localidad. Usaron eso como argumento (los ocupantes de la camioneta), dejaron el cuerpo abandonado en la ruta, siendo todavía de noche; por lo tanto se estarían configurando todos los extremos que prevé el Código Penal sobre abandono de persona, que según nuestra interpretación, abandono de personas seguido de muerte”, aseguró Bazla.
Hugo Barroso entraba a trabajar a las 5 de la mañana, pero unos minutos antes el destino quiso que su vida se apague para siempre. Tenía 60 años, y durante 40 años se desempeñó como empleado en la planta de agua. Fue el único empleo que realizó en toda su vida. Era muy conocido en el pueblo, como también la moto en la que se manejaba.
La planta está ubicada a unos 4 kilómetros del pueblo, y para llegar es necesario transitar la ruta 188.
“Era el que más conocía la planta y el que más la quería; solucionaba todos los problemas que había. Tenían tanta experiencia que hasta sabía cuándo se iba a romper una bomba”, contó el intendente de Fortuna, Guillermo Muñoz, quien esta tarde acompañó a los hermanos del empleado en la puerta de la morgue donde les entregaron el cuerpo.
“A las 6 de la mañana me encontré con el accidente, reconocí la moto y empecé a sospechar que era un trabajador nuestro. La Policía no te dejaba acercar, no daban ninguna información. Entonces fui hasta la planta y me encontré con el otro empleado. Nos pareció muy raro que él no se había presentado; pero después confirmamos que había fallecido en la ruta”, relató Muñoz.
“Más de una hora tirado en la ruta”
La Policía nunca precisó a qué hora ocurrió el accidente. Manejó los datos con hermetismo y recién cerca del mediodía publicó en su página oficial una crónica de cómo sucedió la muerte del trabajador.
La defensa de Barroso quiere que quede claro de dónde veían Freixes, de 23 años, y sus cuatro amigos: “Todo indica que venían de un tour de caza de jabalíes, lo cual está prohibido y cuya ley es ejecutada por el padre quien conducía la camioneta”.
De acuerdo con los datos que fueron oficiales, el hijo del ministro se fue tras el choque porque “no había señal telefónica”, y continuó camino hasta Nueva Galia, de donde es oriundo. Pero aclaró que antes se bajó del vehículo y encontró a una persona tirada al costado de la ruta, la cual no respondió ante sus llamados.
“Hay serias sospechas de que han hecho desaparecer pruebas; se alejaron del lugar, lavaron la camioneta, sacaron todo lo que llevaban arriba y después se presentaron ante la Policía, mientras había una persona en la ruta, que pudo estar muerta o agonizando. Creemos que estuvo ahí tirado más de una hora”, destacó el abogado.
También agregó que es imposible no “vincular esto con el poder político que tiene la familia Freixes” dentro del Gobierno provincial.
“Hay un contexto de protección política que presumimos se ha puesto en movimiento en este caso”, dijo para ser más preciso.
En medio de las sospechas sobre “ocultamiento de pruebas”, es que la defensa que eligió la familia para que la muerte de Barroso se haga justicia solicitó “el avocamiento judicial” para que la Policía remita de inmediato todas las actuaciones a la jueza interviniente, y para que todo el procedimiento que se desarrolle de ahora en adelante se concrete en sede judicial y no en sede policial.
“Todo esto en razón de la composición política de quien creemos es el principal sospechoso de este hecho, y para que la Policía deje de tener participación en el hecho”, dijo al final.
Gentileza: El Chorrillero
