El juez de control de General Acha, Diego Asin, formalizó a dos hombres por incumplir con el aislamiento obligatorio y les dictó la prisión preventiva –a cumplir bajo el régimen de arresto domiciliario– hasta que cese la emergencia sanitaria por entender que podrían obstruir la investigación y fugarse.
Judiciales26 de marzo de 2020
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En ambas casos las audiencias de formalización se hicieron por videollamadas de Whatsapp con la participación de Asín, los fiscales Juan Bautista Méndez y Eugenia Bolzan y el defensor oficial, Marco Daniel Mezzasalma, quien a su vez se contactó telefónicamente con los imputados. Todos ellos trabajaron a distancia desde sus casas.
En una causa, Luis Alejandro Metetiers, un camionero de 52 años, fue detenido en pleno centro de General Acha cuando circulaba en un Peugeot 5008. El imputado adujo que había salido a comprar cigarrillos, informándosele que no era razón para violar la cuarentena. Por lo tanto fue llevado a la Policía y se le secuestró el vehículo.
Durante la audiencia formalización, Méndez pidió la prisión preventiva y Mezzasalma objetó el requerimiento por entender que, más allá de la violación a la norma, Metetiers había mostrado colaboración con la justicia y aceptado el arresto domiciliario.
El otro hecho ocurrió en 25 de Mayo y en ese expediente actuó Bolzan, fiscal de esa localidad. En él, Asín formalizó a Eduardo Sosa –empleado, 55 años– por la misma razón y también lo dejó con prisión preventiva, bajo arresto domiciliario y con vigilancia policial rotativa, hasta que se concluya la alerta sanitaria.
Durante la audiencia, también efectuada por videollamadas desde sus respectivos domicilios –en ambas participó como coordinador el jefe de la Oficina Judicial de Acha, Guillermo López Scala–, la fiscalía aceptó la sustitución de la preventiva por el arresto domiciliario. En cambio, Mezzasalma sostuvo que no existió dolo, no puso en riesgo la salud pública y que, como el imputado es analfabeto, quizá no se dio cuenta que estaba cometiendo un delito.
Sosa, tras omitir las advertencias efectuadas por la policía, fue interceptado cuando transitaba en una moto por la avenida Circunvalación oeste sin estar amparado bajo ninguna de las excepciones del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que estableció el aislamiento obligatorio.
A priori, las conductas de Metetiers y Sosa estarían comprendidas en los artículos 205 y 239 del Código Penal. El primero prevé de seis meses a dos años de prisión para quien “violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”; y el segundo, de 15 días a un año a quien “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
El juez de audiencia de juicio Marcelo Pagano, condenó a un hombre de 45 años, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años –dos hechos- en concurso real, a la pena de doce años de prisión, en perjuicio de la hija de su esposa.
Ramos Padilla prohibió a García-Mansilla firmar sentencias mientras sea juez en comisión, por no tener acuerdo del Senado.
Una madre fue condenada hoy por amenazar y lesionar a su hija de 13 años, ya que la golpeó con una tabla de cocina y un termo y le dijo “si te tengo que matar, te mato” porque llegó tarde a su casa.
El hombre ingresó al centro de salud de Zona Norte, en Santa Rosa, pidiendo una vianda para su hija. Cuando le explicaron que allí no las entregaban, pero que iban a gestionarle la entrega, se alteró, “profirió amenazas intimidatorias contra el personal”, dijo que tenía un arma y que “los iba a matar” y hasta hizo el “ademán de llevar la mano a la cintura”. Ante la intervención del personal policial, se resistió a retirarse del lugar y terminó detenido.
Los defensores de Marcelo Bárzola, Cristian Titarelli y Aquiles Rodríguez, presentaron su renuncia por "motivos privados" justo cuando el juez de control debe decidir sobre la prescripción de la causa.
Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, dio detalles acerca del informe del fiscal Pablo Jávega.
A casi una semana de la entrega de las 30 unidades habitacionales del plan nacional "Casa Propia Construir Futuro" en Realicó, y con la totalidad de los beneficiarios ya instalados, señalaron su conformidad con las viviendas.
Finalmente tras la denuncia pública sobre lo ocurrido con la ofrenda floral, pudimos conocer mediante los registros de videovigilancia que fueron dos perros los que se llevaron la ofrenda floral del monumento a Veteranos y Caídos en la gesta de Malvinas.
Tras la consulta con Salud Pública se nos indicó que se trata de un caso por el momento definido como "sospechoso" y que se aguarda el resultado de los análisis efectuados a las muestras para confirmar o descartar un positivo. De todas formas el protocolo indica que ante un caso sospechoso ya se comienza con el control en las 9 cuadras linderas alrededor de la vivienda del paciente, el cual se mantiene aislado para prevenir posibles contagios de confirmarse la infección con dengue.
Durante la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de Realicó aprobó por unanimidad una modificación al artículo 11 del Estatuto del Municipio, que regula el acceso a cargos vacantes producidos por el fallecimiento de empleados municipales. La iniciativa surgió del despacho de la Comisión Plenaria y apunta a incorporar criterios de equidad, transparencia e idoneidad en el ingreso de familiares directos de agentes fallecidos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, el Concejo Deliberante de Realicó trató un despacho de la Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente, a partir de una nota presentada por vecinos que residen sobre calle Constitución, en la zona próxima al Colegio Parroquial. El municipio ya recibió pedidos similares de otros sectores, pero evalúa con cautela la instalación de reductores debido a su alto costo (alrededor de $1,5 millones por unidad) y a los inconvenientes que generan en el sistema de emergencias, además del daño que pueden provocar en el pavimento y en los vehículos.
