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El máximo tribunal, por unanimidad, rechazó la última apelación de la defensa de Charlín para intentar su absolución. Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Hihgton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti no hicieron lugar a la apelación porque no cumplía las pautas de forma. “Que el recurso de queja ha omitido el recaudo fijado por el art. 7° inc. c de la reglamentación establecida en la acordada 4/2007”, sostuvieron en la resolución.
Por su parte, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, la rechazó por “inadmisible”, informaron a Infobae fuentes judiciales. “Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, resulta inadmisible”, señaló Rosenkrantz
Charlín fue condenado en mayo de 2018 por el Tribunal Oral Federal de La Pampa a cinco años de prisión y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de amenazas, amenazas coactivas agravadas, amenazas en situación de violencia de género, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, abuso sexual en grado de tentativa en situación de violencia de género y daño por romper parte del mobiliario del juzgado.
Los jueces Luis Salas, Orlando Coscia y Carlos Grosso dieron por probado que Charlín tocaba a una secretaria con la excusa de saber de qué material era su ropa, le hablaba de sus pechos y le pasaba la mano por la espalda hasta la cintura. A otra secretaria le gritaba, la insultaba y en una oportunidad la tomó por la espalda y le puso una trincheta en el cuello. A empleados de la secretaría electoral del juzgado les preguntó qué afiliación política tenían y los amenazó con echarlos. También amenazó al fotógrafo Adrián Pascual: lo sacó del edificio judicial bajo la advertencia de que se tenía que portar bien porque tenía el ejército a disposición para echarlo.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2013 cuando Charlín estaba a cargo como subrogante del juzgado federal de Santa Rosa, en La Pampa. Poco antes el Senado de la Nación había aprobado su designación como titular del juzgado federal de General Pico, en la misma provincia. Pero como ese tribunal todavía no estaba habilitado, fue nombrado para subrogar el de Santa Rosa que estaba vacante.
Tres meses después de llegar al juzgado, el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano que investiga la conducta de los jueces nacionales y federales, apartó a Charlín del cargo por las denuncias en su contra que presentó el gremio de empleados judiciales y la Cámara Federal de Bahía Blanca. Y en julio de 2016, Charlín fue destituido de su cargo de juez federal de General Pico -que nunca llegó a ocupar- en un juicio político por mal desempeño de sus funciones.
Paralelamente se tramitó una causa penal en su contra y en la que fue condenado. En el juicio Charlín dijo que los hechos que se le imputaban no eran delitos, sino destratos o actitudes desubicadas que debían resolverse a través de una vía administrativa.
La condena fue confirmada en diciembre de 2018 por la Cámara Federal de Casación Penal y el 1 de mayo del año pasado Charlín fue detenido para comenzar a cumplirla. La Policía Federal lo detuvo en su domicilio de la provincia de Buenos Aires y desde entonces se encuentra detenido.
Con el fallo de la Corte Suprema la defensa ya no tiene más instancias a las que recurrir por lo que la condena quedó firme.
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