La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a cinco años de prisión al exjuez federal de La Pampa José Antonio Charlín por abuso sexual y amenazas en situación de violencia de género a empleados del tribunal que tuvo a su cargo en 2013, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y daño.
Judiciales14 de mayo de 2020
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El máximo tribunal, por unanimidad, rechazó la última apelación de la defensa de Charlín para intentar su absolución. Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Hihgton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti no hicieron lugar a la apelación porque no cumplía las pautas de forma. “Que el recurso de queja ha omitido el recaudo fijado por el art. 7° inc. c de la reglamentación establecida en la acordada 4/2007”, sostuvieron en la resolución.
Por su parte, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, la rechazó por “inadmisible”, informaron a Infobae fuentes judiciales. “Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, resulta inadmisible”, señaló Rosenkrantz
Charlín fue condenado en mayo de 2018 por el Tribunal Oral Federal de La Pampa a cinco años de prisión y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de amenazas, amenazas coactivas agravadas, amenazas en situación de violencia de género, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, abuso sexual en grado de tentativa en situación de violencia de género y daño por romper parte del mobiliario del juzgado.
Los jueces Luis Salas, Orlando Coscia y Carlos Grosso dieron por probado que Charlín tocaba a una secretaria con la excusa de saber de qué material era su ropa, le hablaba de sus pechos y le pasaba la mano por la espalda hasta la cintura. A otra secretaria le gritaba, la insultaba y en una oportunidad la tomó por la espalda y le puso una trincheta en el cuello. A empleados de la secretaría electoral del juzgado les preguntó qué afiliación política tenían y los amenazó con echarlos. También amenazó al fotógrafo Adrián Pascual: lo sacó del edificio judicial bajo la advertencia de que se tenía que portar bien porque tenía el ejército a disposición para echarlo.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2013 cuando Charlín estaba a cargo como subrogante del juzgado federal de Santa Rosa, en La Pampa. Poco antes el Senado de la Nación había aprobado su designación como titular del juzgado federal de General Pico, en la misma provincia. Pero como ese tribunal todavía no estaba habilitado, fue nombrado para subrogar el de Santa Rosa que estaba vacante.
Tres meses después de llegar al juzgado, el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano que investiga la conducta de los jueces nacionales y federales, apartó a Charlín del cargo por las denuncias en su contra que presentó el gremio de empleados judiciales y la Cámara Federal de Bahía Blanca. Y en julio de 2016, Charlín fue destituido de su cargo de juez federal de General Pico -que nunca llegó a ocupar- en un juicio político por mal desempeño de sus funciones.
Paralelamente se tramitó una causa penal en su contra y en la que fue condenado. En el juicio Charlín dijo que los hechos que se le imputaban no eran delitos, sino destratos o actitudes desubicadas que debían resolverse a través de una vía administrativa.
La condena fue confirmada en diciembre de 2018 por la Cámara Federal de Casación Penal y el 1 de mayo del año pasado Charlín fue detenido para comenzar a cumplirla. La Policía Federal lo detuvo en su domicilio de la provincia de Buenos Aires y desde entonces se encuentra detenido.
Con el fallo de la Corte Suprema la defensa ya no tiene más instancias a las que recurrir por lo que la condena quedó firme.
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El juez de audiencia de juicio Marcelo Pagano, condenó a un hombre de 45 años, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años –dos hechos- en concurso real, a la pena de doce años de prisión, en perjuicio de la hija de su esposa.
Ramos Padilla prohibió a García-Mansilla firmar sentencias mientras sea juez en comisión, por no tener acuerdo del Senado.
Una madre fue condenada hoy por amenazar y lesionar a su hija de 13 años, ya que la golpeó con una tabla de cocina y un termo y le dijo “si te tengo que matar, te mato” porque llegó tarde a su casa.
El hombre ingresó al centro de salud de Zona Norte, en Santa Rosa, pidiendo una vianda para su hija. Cuando le explicaron que allí no las entregaban, pero que iban a gestionarle la entrega, se alteró, “profirió amenazas intimidatorias contra el personal”, dijo que tenía un arma y que “los iba a matar” y hasta hizo el “ademán de llevar la mano a la cintura”. Ante la intervención del personal policial, se resistió a retirarse del lugar y terminó detenido.
Los defensores de Marcelo Bárzola, Cristian Titarelli y Aquiles Rodríguez, presentaron su renuncia por "motivos privados" justo cuando el juez de control debe decidir sobre la prescripción de la causa.
Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, dio detalles acerca del informe del fiscal Pablo Jávega.
Finalmente tras la denuncia pública sobre lo ocurrido con la ofrenda floral, pudimos conocer mediante los registros de videovigilancia que fueron dos perros los que se llevaron la ofrenda floral del monumento a Veteranos y Caídos en la gesta de Malvinas.
Tras la consulta con Salud Pública se nos indicó que se trata de un caso por el momento definido como "sospechoso" y que se aguarda el resultado de los análisis efectuados a las muestras para confirmar o descartar un positivo. De todas formas el protocolo indica que ante un caso sospechoso ya se comienza con el control en las 9 cuadras linderas alrededor de la vivienda del paciente, el cual se mantiene aislado para prevenir posibles contagios de confirmarse la infección con dengue.
Este jueves por la tarde, alrededor de las 16:30 horas, se registró un siniestro vial en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 734, en cercanías de la localidad de Fraga, provincia de San Luis.
Durante la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de Realicó aprobó por unanimidad una modificación al artículo 11 del Estatuto del Municipio, que regula el acceso a cargos vacantes producidos por el fallecimiento de empleados municipales. La iniciativa surgió del despacho de la Comisión Plenaria y apunta a incorporar criterios de equidad, transparencia e idoneidad en el ingreso de familiares directos de agentes fallecidos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, el Concejo Deliberante de Realicó trató un despacho de la Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente, a partir de una nota presentada por vecinos que residen sobre calle Constitución, en la zona próxima al Colegio Parroquial. El municipio ya recibió pedidos similares de otros sectores, pero evalúa con cautela la instalación de reductores debido a su alto costo (alrededor de $1,5 millones por unidad) y a los inconvenientes que generan en el sistema de emergencias, además del daño que pueden provocar en el pavimento y en los vehículos.
