La diputada provincial, Agustina García, junto a legisladores del bloque de la UCR solicitan al Poder Ejecutivo Provincial subsidiar el 100% de la tasa de interés aplicada para las operaciones en descubierto de todas las cuentas corrientes de personas físicas o jurídicas en el Banco de La Pampa SEM. En un segundo proyecto proponen subsidiar los servicios que deban abonar las pymes afectadas por la grave coyuntura generada por la pandemia.
Provinciales01/07/2020
InfoTec 4.0
Se trata de un proyecto de la diputada Agustina García acompañada por Marcos Cuelle, Mauricio Agón, Andrea Valderrama, Estela Guzmán y Lorena Clara.
El proyecto tiene como objetivo disminuir las consecuencias económico-financieras sufridas en el sector productivo en el marco de emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La pandemia causada por el virus Covid-19 afectó negativamente la actividad económica de nuestro país, resintiendo la cadena de pagos de una importante cantidad de Pymes que vieron disminuida su facturación a causa de las medidas sanitarias adoptadas.
En el proyecto se arbitrarán las medidas necesarias para duplicar el monto para operar en descubierto en todas las cuentas corrientes del Banco de La Pampa SEM, cuyos titulares (sean estos personas físicas o jurídicas) tengan declarada una actividad no contemplada en el Artículo 6 del Decreto Nº 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
La medida tendrá vigencia desde el 20 de Marzo de 2020 hasta el 19 de Marzo de 2021 inclusive, acreditando en las cuentas corrientes el monto total de los intereses computados en las operaciones en descubierto desde el 20 de Marzo de 2020 hasta la implementación de la presente.
“El Estado debe generar los medios necesarios, desde su empresa estatal financiera, que es el Banco de La Pampa SEM, para que las y los clientes puedan amortiguar sus gastos durante el mes” afirmó García en comunicado de prensa. Las y los diputados firmaron el proyecto y justificaron que en este contexto es de suma importancia el acompañamiento del Estado Provincial mediante medidas que amortigüen tales las consecuencias, procurando preservar el bienestar de las Pymes pampeanas y la estabilidad laboral de sus trabajadores/as.
TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA PYMES
La Diputada Agustina García junto a legisladoras y legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical (U.C.R.) solicitan al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre los medios necesarios para diseñar un plan para financiar la absolución total o parcial de deudas sobre las tarifas de los servicios públicos desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio para aquellas micro, pequeñas y medianas empresas y comercios dedicados a actividades consideradas no esenciales que operan en La Pampa.
Por medio de un proyecto, los diputados radicales solicitan ayuda directa al Ejecutivo a través del Ministerio de Producción y los entes reguladores provinciales en cuanto al pago efectivo de facturas de servicios públicos por parte de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), industriales y de otro tipo. Además invitan a las Municipalidades y Comisiones de Fomento a adherir y condonar las deudas de igual forma. Se trata de un proyecto de autoría de la diputada Agustina García y acompaña todo el bloque de legisladores de la U.C.R.
En virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el nuevo coronavirus Covid-19, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el territorio del país, desde el 20 de marzo y vigente hasta la fecha. En consecuencia, el deterioro de la actividad económica y la limitación en la circulación de personas afecta fuertemente los ingresos y perjudica a muchos trabajadores y trabajadoras, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), industriales, entre otros, que no pueden realizar sus actividades laborales como de costumbre.
Con el fin de contener la grave emergencia económica y social, las y los funcionarios piden al Gobierno que contemple la realidad que atraviesan los comercios y las MiPyME y se implementen las acciones necesarias para evitar la acumulación de deudas de servicios públicos que se transformen en impagables, generando el cierre de uno de motores de nuestra economía.
El impacto económico, en particular, en las MiPyME es considerable e indiscutible. Según un informe especial del Observatorio PyME (FOP) se estima que desde inicio de mayo el porcentaje de las MiPyME no operativas disminuyó 15 puntos (pasando de un 40% a un 25%), lo que implica que 77 mil empresas reabrieran sus puertas y 279 mil asalariados se reincorporaran a sus trabajos.
Sin embargo, entre las MiPyME no operativas sólo el 20% de ellas podráĚ pagar más del 60% de los costos operativos y obligaciones del mes de mayo. Asimismo, afirma que el costo de la inactividad de este segmento empresarial se estima en 82 millones de dólares diarios y 8% de las empresas está considerando cerrar sus puertas con una pérdida de empleo potencial en 263 mil puestos de trabajo. Aclara que estarían en riesgo 415 mil puestos de trabajo adicionales si parte de las empresas que no pudieron afrontar las erogaciones de abril y que no consiguen endeudarse o aumentar el aporte de capital.
Si bien el Gobierno Nacional dispuso numerosas medidas para alivianar la pesada carga de las PyMEs, como por ejemplo el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311/2020 que estableció la prohibición de cortes de suministro por parte de las empresas concesionarias ante la falta de pago de los servicios públicos, no existe una ayuda directa en cuanto al pago efectivo de esas facturas. Sin perjuicio que la suspensión temporaria de los cortes fue celebrada por el sector, esta sólo aplica a la falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas o alternas, desde el 25 de marzo hasta el 21 de septiembre de 2020. Por lo que resulta evidente que, ante la inactividad y recesión económica actual, las deudas simplemente se postergarán, superando los 3 meses y acumulándose en el tiempo junto con intereses.
En este sentido, las medidas son tendientes a continuar con un cobro aproximado, lo cual puede derivar en muchos casos en una situación de cobro por consumos no realizados, sobrefacturación y/o carga excesiva sobre los usuarios. Ello, sumado a la grave situación económica que padecen las MiPyME hace que se vean obligadas a utilizar sus reservas financieras para cubrir los gastos, y el riesgo de cierre continúa aumentando, sobre todo en aquellos sectores que todavía no pudieron volver a la actividad.
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