El secretario general de la CTA bonaerense denunció que el reclamo salarial es parte de un “claro, sistemático y coordinado intento de desestabilización de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof”
Nacionales09 de septiembre de 2020
InfoTec 4.0
El sindicalista docente y secretario general de la CTA bonaerense, Roberto Baradel, manifestó este martes su “solidaridad” con el gobernador Axel Kicillof a raíz del reclamo policial por mejores salarios y aseguró que la protesta busca “generar una idea de desgobierno”.
A través de un comunicado titulado “No a los intentos de desestabilización”, la central obrera también planteó que la protesta estuvo protagonizada por un “sector minoritario” de la fuerza de seguridad provincial.
“Este sector de la policía bonaerense es agitado por la derecha de Macri y Vidal, responsables del ajuste, los bajos salarios y las pésimas condiciones de trabajo en el Estado”, difundieron a través del sitio web de la CTA.
La movilización de los uniformados comenzó en la noche del domingo y fue ganando adeptos con el correr de las horas en distintos puntos de la provincia. Si bien al parecer tomó por sorpresa al gobierno de Kicillof, este anunció un aumento salarial como parte de la presentación del Programa de Fortalecimiento de Seguridad.
Sin embargo, la CTA se alejó de las interpretaciones gremiales del reclamo y argumentó que tanto esta protesta como la marcha del 17 de agosto y el “escándalo que Juntos por el Cambio protagonizó en la última sesión de Diputados” son parte de un “claro, sistemático y coordinado intento de desestabilización de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof”. “Y no estamos dispuestes a tolerarlas”, agregaron apelando al lenguaje inclusivo.
Aunque reconocieron que el reclamo salarial es legítimo, desde la central que comanda Baradel señalaron que la protesta que tuvo lugar frente a la residencia familiar del gobernador busca “generar la idea de desgobierno y de un levantamiento ciudadano que no es tal”.
En ese sentido, también denunciaron que esta maniobra en contra del gobierno es apoyada “por aquellos que ostentan el poder económico” y amplificado “por las corporaciones mediáticas”.
“Como trabajadores de la CTA de la Provincia de Buenos Aires estamos alertas en defensa de la democracia y no vamos a permitir que se doblegue, ni se vulnere la voluntad de nuestro Pueblo expresada en las urnas”, concluye el documento que lleva la firma de Baradel, Raúl Calamante y Verónica Bethencourt.
Las manifestaciones continuaron ayer en distintos puntos de La Plata, Berisso, Ituzaingó, Almirante Brown, Morón, Merlo, Quilmes, San Miguel, Azul, Malvinas Argentinas, Pilar, José C. Paz, Avellaneda, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Junín, Bahía Blanca, La Matanza, Necochea, San Nicolás, Pinamar, Villa Gesell, Olavarría, Pehuajó, Tres Arroyos, Pergamino, y Mar del Plata.
Desde el Gobierno bonaerense explicaron que si bien comprenden que el reclamo salarial de los agentes policiales “es justo”, no se descartaron que haya “un trasfondo político por la magnitud que alcanzaron”.
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El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados, que se pagará durante el mes de julio de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 444/2025, busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los adultos mayores, especialmente los de menores ingresos.
La ANSES denunció a un estudio contable de Chaco por una estafa con jubilaciones. Usaban datos de otros clientes para simular aportes y conseguir el beneficio.
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La víctima, de aproximadamente 30 años, iba como acompañante en una motocicleta que colisionó contra un camión en una esquina de la localidad. Fue trasladada de urgencia al Hospital Centeno, donde falleció por la gravedad de las heridas.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi, condenó a un hombre de 29 años, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo -tres hechos-; a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa declaración de reincidencia.
