


Desadjudicaron una vivienda en Realicó, otras en Rancul y Acha
InfoTec 4.0






En esta oportunidad el organismo que Preside Jorge Lezcano, informó de nuevos expedientes que terminaron con la quita de la vivienda a personas que no la habitan o no pagan las cuotas mensuales.
La medida se hace efectiva luego de que los controles y denuncias que recibe el IPAV por viviendas que no están habitadas o con varios años de deuda, se ratifica y se toma la determinación de la desadjudicación para luego ser entregadas a otras familias que esperan por un techo en La Pampa.
De acuerdo a la información emitida por el IPAV se conoció de la rescisión del “Acta de Tenencia Precaria firmada entre el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda por la vivienda N° 18 construida mediante el Plan Plurianual Reconversión, de la localidad de Rancul, ubicada catastralmente en Ejido 080, Circunscripción I, Radio b, Manzana 67B, Parcela 3, Partida Nº 771370; por la exclusiva causal de falta de pago de las cuotas de amortización mencionada en los considerandos de la presente”.


El segundo informado indica que se deja “sin efecto la Adjudicación en venta por la vivienda N° 110, construida mediante el Programa Federal Techo Digno, de la localidad de General Acha, ubicada catastralmente en Ejido 097, Circunscripción III, Radio v, Manzana 33A, Parcela 12, Partida Nº 798379 por la exclusiva causal de falta de pago de las cuotas”
Y en nuestra localidad se rescinde “el Contrato de Préstamo de Uso Vitalicio por la vivienda N° 13, construida mediante el Plan Plurianual Reconversión 2° Etapa, de la localidad de Realicó, ubicada catastralmente en Ejido 001, Circunscripción I, Radio e, Manzana 2A, Parcela 34, Partida N° 770949, por la exclusiva causal de falta de pago de las cuotas de amortización mencionadas en los considerandos de la presente”






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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.


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