El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió iniciar un sumario administrativo a Gerardo Román Bonino, titular del Juzgado de General Acha para investigar si la conducta "perezosa" denunciada por el Colegio de Abogados y confirmada por una jueza sustituta constituye una «transgresión a sus deberes y obligaciones». En una resolución fechada el jueves pasado y firmada por Eduardo Fernández Mendía, Hugo Díaz y Elena Victoria Fresco, también decidió suspenderlo del cargo "durante la sustanciación del sumario" y elevó las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), encargada de desarrollar ese proceso.
Provinciales 06 de octubre de 2021
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Actualmente el máximo tribunal de la provincia tiene en trámite una segunda investigación sobre Bonino, por presunto acoso laboral y violencia psicológica ejercida contra cuatro trabajadoras judiciales que lo denunciaron.
Cercado por estas denuncias, el juez tomó una licencia de dos meses (del 4 de agosto al 3 de octubre) por enfermedad de largo tratamiento. Fue reemplazado por una jueza sustituta, cuyo informe confirmó el exagerado atraso y un desorden en los procesos de su juzgado. El STJ dispuso además que «la suspensión se hará efectiva cuando finalice esa licencia extraordinaria actualmente usufructuada» y aclaró que su decisión tiene carácter preventivo y no importa castigo ni sanción.
Pereza comprobada.
Para reemplazar a Bonino fue nombrada como jueza sustituta Raquel Guazzaroni, cuyo informe citaron al fundamentar su resolución los ministros del STJ: ella "pudo constatar en el Sistema Informático de Gestión de Expedientes (SIGE) la existencia de 114 páginas de presentaciones pendientes (estimativamente representan 1.140 proveídos a confeccionar) y 40 expedientes en estado de sentencia, de ellos cuatro con peticiones de pronto despacho o solicitudes de providencia urgente" afirmaron.
También se incorporaron al expediente un "relevamiento situacional y estadístico efectuado por funcionarios del STJ" en el Juzgado de General Acha y un "informe estadístico de la Secretaría de Sistemas y Organización» los cuales corroboraron «serios retrasos en la tramitación de procedimientos y en la resolución de causas, en consonancia con lo descripto en las presentaciones".
"Se colige prima facie que en el juzgado de Bonino existe una evidente situación de atraso generalizado en el dictado de resoluciones (providencias simples, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas), irregularidades procedimentales y omisiones de las tareas prescritas por la normativa. Esta situación ha generado un estado de virtual paralización en la prestación del servicio de justicia en esa circunscripción (en especial teniendo en cuenta que es el único Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería), e implicaría una grave transgresión a los deberes y obligaciones inherentes al desempeño de su cargo", advirtieron los ministros del STJ.
Por eso, "deviene necesario disponer la instrucción del sumario administrativo a fin de investigar si las conductas endilgadas a Bonino resultan constitutivas de faltas disciplinarias, deslindando las responsabilidades correspondientes" y decretar su suspensión mientras dure ese proceso "evitando que se pueda dispersar la prueba o entorpecer la investigación".
Esta medida permitirá además "evitar el agravamiento de la situación de atraso generalizada, garantizando la prestación del servicio de justicia y la continuidad de un proceso de mejora en el funcionamiento del organismo", concluyó el STJ. De todos modos, "la suspensión preventiva no constituye prejuzgamiento porque no reviste naturaleza de sanción disciplinaria y no puede considerarse como una sanción sino una medida precautoria".
Quejas innumerables.
Los abogados del foro habían denunciado a Bonino por una larguísima lista de atrasos, entre ellos "sentencias por casi 3 años, sentencias interlocutorias de más de un año, atraso en proveídos de más 6 meses, demoras en firmas de oficios y edictos, despachos iniciales demorados más de 4 meses, demoras en declaratorias de herederos de hasta 6 meses, todos los pronto despacho vencidos, demoras de meses en denuncias de bienes sucesorios y problemas al dar las vistas a DGR, CF y Ministerio Público".
También enumeraron "demoras de meses en el envío, recepción y carga de formularios e informes del RPJU y RAUV, extravío de formularios en papel, falta de certidumbre sobre el estado de los expedientes, expedientes que se ordenan pasar a otro estado pero no figuran en SIGE en ese estado y, en muchos casos, están en el Casillero, o sea que no se cumple el cambio de estado". Otros problemas fueron "la suspensión de audiencias de oficio, que después no son reprogramadas, solicitudes de reprogramación sin proveer, por lo cual audiencias desde 2020 siguen sin cumplirse y notificaciones de liquidaciones demoradas que terminan vencidas (con intereses)".
Todos estos reclamos fueron planteadas al plenario del STJ en nota oficial que también apuntaba una conducta similar del juez santarroseño Enrique Fazzini. El STJ corrió traslado de la nota a Bonino para que diera explicaciones y el juez hizo su descargo. El 11 de agosto el STJ recibió además un informe muy detallado del secretario del Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras 1, Rubén Darío Capdevielle, que colaboró en el Juzgado de Bonino entre el 6 de junio y el 6 de agosto por orden del Poder Judicial para acelerar los trámites atrasados.
Otra denuncia, por acoso y maltrato.
Sobre Bonino pesa una denuncia más grave aún que el incumplimiento de sus tareas. En abril de este año, el juez achense fue denunciado por cuatro trabajadoras judiciales (entre ellas una prosecretaria) por acoso y maltratos psicológico, verbal y emocional en un entorno laboral "intimidatorio, degradante y ofensivo". Las denuncias fueron ratificadas por el Colegio de Abogados y Marién Cazenave, titular de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, quien informó sobre las licencias de las denunciantes por el Acuerdo 3751 "Protocolo de Intervención ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral", quienes recomendaron la intervención del al STJ en el asunto.
Los informes sobre la actuación del juez civil encargados a una psicóloga, una trabajadora social y dos abogadas resultaron lapidarias, y el acoso laboral y los maltratos padecidos durante cuatro años fueron denunciados formalmente a través de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales del STJ.
Al parecer la situación de hostilidad comenzó hace cuatro años, cuando el juez asumió su cargo. Los testimonios de las denunciantes son muy graves y describen actitudes del juez que "les producían diariamente aturdimiento, confusión, inestabilidad, paralización, imposibilidad de expresarse y angustia".
Según la OVD, "el pedido de licencia de las denunciantes habría incrementado la ira del juez, porque durante ese lapso las tareas asignadas no fueron delegadas y al momento de reincorporarse se encontraron con un cúmulo de trabajo atrasado, situación que aumentó el malestar y agravó el clima de tensión se agravó".
De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 2574) las eventuales sanciones en caso de hallarlo culpables van desde el apercibimiento hasta la exoneración. (La Arena)
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