
Caputo redobló la apuesta contra los intendentes por las tasas municipales
Pidió que se difundan los impuestos que se cobran


La directora general de Defensa al Consumidor de La Pampa, Florencia Rabario, afirmó que la provincia tiene un cuerpo de 30 inspectores para garantizar el cumplimiento del congelamiento de los precios en todo el territorio, sin necesidad de recurrir a los municipios. La experiencia que se podría replicar es la del programa "Precios Máximos", que se implementó durante la pandemia.
Economía29/10/2021
INFOTEC 4.0






La funcionaria provincial brindó detalles de la reunión que mantuvo junto al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y los ministerios de la Producción de todas las provincias en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior (Cofesi). "Defensa al Consumidor, en todas aquellas medidas que entendemos son en beneficio de los consumidores, nos ponemos a disposición y muy generosamente el Ministerio de la producción local nos permitió participar de la reunió", señaló una entrevista en La Parte y el Todo, programa que se emite en CPEtv.


En esa línea, comentó que en el encuentro se pudo advertir de las exposiciones y del propio Feletti que «está la decisión tomada de avanzar con esta resolución firmemente». La normativa establece la fijación de precios de 1.432 productos hasta el 7 de enero, algo que obtuvo el acompañamiento de varios productores. "Aquellos que no habían prestado colaboración aparentemente estarían regresando a la mesa de negociación", reveló y consideró que "hay que seguir por ese camino en paralelo, pero la resolución está dictada y corresponde que sea aplicada".
Rabario explicó que como la resolución se dictó en el marco de la Ley de Abastecimiento, es la Secretaría de Comercio Interior "la que tiene que determinar las directrices de cómo vamos a trabajar, la puesta en marcha, la fiscalización y control de la misma en las provincias. Por eso la convocatoria, recibimos algunas instrucciones", pero no se logró despejar todas las dudas.
Por estos motivos, entre el jueves y el viernes habrá una nueva reunión "para deslindar más en fino algunas cuestiones legales para trabajar en concreto. Que si salimos a fiscalizar lo hagamos en firme, con el respaldo y las actas que correspondan labrarse se procesen correspondientemente. El objetivo es que las fiscalizaciones generen el efecto disuasivo en los distintos puntos de venta".
Apoyo de las provincias.
La funcionaria destacó que durante la reunión todas las provincias "se mostraron a favor de colaborar", pero "cada uno con su visión de cómo hacer la logística de esta tarea. Por eso otra de las cuestiones que se convino es cómo dividir las tareas entre Nación y provincia, Nación quedó bajo la responsabilidad de seguir trabajando con los productores, una cuestión estratégica y de cercanía, y con los distribuidores nacionales. Incluso se ofrecieron para trabajar con los distribuidores provinciales para manejar siempre la misma homogeneidad de información y de trabajo".
En el caso de las provincias, se delegaría el trabajo de fiscalización en supermercados de grandes superficies. "Luego ir por decantación a los comercios de proximidad que también quedan incluidos bajo esta resolución. El comercio de barrio también queda incluido, cualquiera que haga venta a consumidor finalmente", aclaró.
– ¿La Provincia va a convocar a las municipalidades para que se sume con sus inspectores?
– Es una tarea muy grande, en el caso de La Pampa ya pasamos la experiencia del programa «Precios Máximos» en la época más difícil de emergencia sanitaria, que era un programa semejante y que requería un despliegue de fiscalización. Pudimos advertir que con la colaboración de distintas áreas, por supuesto no aisladamente porque es un trabajo mancomunado, pudimos desde Provincia hacer la fiscalización. Con una logística interesante salimos a toda la provincia y lo pudimos abarcar, teníamos la logística para hacerlo.
-¿Cuantos inspectores se van a desplegar en la Pampa?
– Todavía no hicimos un listado de inspectores.
– ¿Están o hay que contratarlos?
– Están. En aquella oportunidad de «Precios Máximos», que seguramente vamos a replicar ahora, teníamos un cuerpo de fiscalizadores del Ministerio de Producción -que va a encabezar esta acción por ser miembros ellos del Consejo Federal-, nuestro cuerpo habitual de fiscalizadores, y también hay otras áreas de gobierno que han ofrecido su colaboración, que ya lo habían hecho en la pandemia, como la Secretaría de Trabajo. Son áreas que ya tienen cuerpos de fiscalizadores porque sus propias normativas así lo requieren.
La tarea in situ de realizar la inspección, cómo se despliega es la misma, nosotros la vamos adaptando a la normativa que se aplica. Los inspectores ya la conocen, la realizamos habitualmente. Como cuerpo estable nosotros podemos disponer como mínimo 30 fiscalizadores. En la pandemia, vuelvo al "Precios Máximos", se pudo ir al cien por ciento de las localidades pampeanas y se pudo abarcar muy bien.
Sanciones.
Consultadas sobre dónde se incumple más, si en las grandes superficies o en las más pequeñas, Rabario señaló que "es más rápida la adaptación a la normativa y con menos consecuencias" para las grandes y medianas superficies. "Rápidamente se adecúan y también tienen otras espaldas para soportar este tipo de medidos". En esa línea, explicó que son 1.432 productos que no tienen incidencia si se tiene en cuenta que en las grandes superficies puede llegar a 70 mil la cantidad de productos en exposición. "Tienen un respaldo", indicó y remarcó que por "la producción de este tipo de empresas que fijan precios, que son menos de 20 empresas, realmente no impactan estos productos".
En casos de incumplimientos, aclaró que hay que evaluar cada caso. "No es lo mismo la despensa de barrio que la gran superficie, el hipermercado. Tampoco es lo mismo encontrar irregularidades en cuatro o diez productos sobre 1.400, que encontrar un comercio que definitivamente se está resistiendo a la medida en su totalidad. Esas cuestiones generan una variabilidad en la apreciación de la sanción, que tiene que ser equitativa y equilibrada".
Puede haber un apercibimiento y luego volver a verificar tres días después para ver si se cumple la medida. También puede haber "sanciones económicas y las clausuras si correspondiera, entre otras medidas más gravosas si es productor o distribuidor nacional".
"Ellos después compensan".
La directora general de Defensa al Consumidor remarcó que el listado de 1.432 productos es «valioso» para los consumidores y sostuvo que un supermercado llega a tener 70 mil productos en exhibición, por lo que no se justifica que una empresa decida incumplir con el programa. "Ellos después comercialmente compensan con la variación de productos de otra índole. No es un listado que pueda afectar financieramente a estas empresas que son de una magnitud enorme, son monopólicas y son definitorias de precios en nuestro país", señaló.
En diálogo con Radio Noticias, afirmó que "los 1.432 productos son necesarios para los consumidores", pero que para "este tipo de empresas no es significativo". Para su control, afirmó que "muchas áreas de gobierno tienen cuerpo de fiscalizadores que ya están trabajando en sus respectivas áreas, es decir personal capacitado para llevar a cabo un procedimiento de control".
"Contamos con un cuerpo suficiente de inspectores y tenemos probado que hay mucha voluntad de los empleados de la administración pública para colaborar en esta tarea. No es un problema para nosotros, necesitamos que sea la Nación quien nos de la pautas de trabajo de acuerdo a cómo ha estructurado la aplicación de esta resolución", agregó.
La Arena





Pidió que se difundan los impuestos que se cobran

El último informe oficial señala que las obligaciones subieron en casi USD 3.800 millones en noviembre.

La obtención va en línea con el compromiso que anunció la entidad financiera de acumular reservas, de cara al 2026.

La medida comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026.

El ingreso de bienes al país por vía courier ronda los US$100 millones mensuales.

Son unas 65 mil toneladas destinadas a la industria molinera del gigante asiático.







El joven tenía 21 años, era oriundo de Misiones y cumplía funciones de seguridad dentro de la residencia presidencial. Un soldado del Ejército Argentino de 21 años, identificado por sus iniciales R.A.G., fue hallado sin vida este martes dentro del perímetro de la Quinta Presidencial de Olivos, donde prestaba servicio como parte del esquema de seguridad. El joven presentaba un disparo en la cabeza y, según las primeras investigaciones, la principal hipótesis es la de un suicidio.

El operario, empleado de la Cooperativa de Electricidad local, perdió la vida al caer desde una importante altura en un predio de la institución. La Justicia investiga las causas del hecho y aguardaba los resultados de la autopsia.

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