El ex presidente Mauricio Macri se presentará al mediodía ante la justicia federal de Dolores para ser indagado en la causa que investiga el espionaje a familiares de víctimas de Ara San Juan. Allí, Macri tiene previsto rechazar las acusaciones, tal como lo dijo en distintas entrevistas. Sin embargo, la defensa estará atenta a la jugada, aún pendiente, de apartar al juez federal Martín Bava de la causa. Y no se descarta que vuelva a pedir la postergación de la audiencia.

Es que, a diferencia de la primera recusación contra Bava, la Cámara Federal de Mar del Plata fijó una audiencia para el viernes 12 de noviembre para escuchar los argumentos del abogado Pablo Lanusse. E hizo lugar a las medidas de pruebas que solicitó la defensa. Entre ellas, la copia de la filmación de la audiencia que tuvo lugar el jueves pasado, en donde el juez habría reconocido que fue un “error del juzgado” no haber solicitado al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el levantamiento del secreto de Estado para concretar la indagatoria de Macri.

La definición de la Cámara Federal sobre la continuidad de Bava al frente de la causa quedará entonces para después de las elecciones, una fecha clave que está mirando tanto el oficialismo como la oposición para saber cómo se resolverá la situación procesal de Mauricio Macri. El ex presidente afirmó que el juez lo va a procesar porque “ya lo prejuzgó”.

En principio, los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza habían rechazado el temor de parcialidad y prejuzgamiento del que habló la defensa de Macri en su primera recusación. Pero, a 24 horas de esa audiencia a la que Macri llegó acompañado de políticos afines y simpatizantes, la Cámara Federal de Mar del Plata instó a Bava a guardar “mesura” y “adecuada compostura” al resolver “en causas judiciales”.

En ese contexto se dio la frustrada indagatoria del jueves 28 de octubre, cuando la lectura por parte del secretario de la respuesta enviada por la interventora de la AFI Cristina Caamaño sobre la consulta en torno al levantamiento de secreto de Estado para Mauricio Macri desató la suspensión de la audiencia y la defensa se fue denunciando el accionar de un “juez militante”.

En la presentación que hizo ayer, lunes, el abogado Lanusse, aseguró que la audiencia del jueves, el acta labrada, el pedido dirigido al Poder ejecutivo Nacional y lo proveído luego de ello el 29 del mismo mes y año, cuando se volvió a convocar a Macri para la indagatoria demuestran que Bava “actuó sin moderación; mesura; adecuada compostura; objetividad; imparcialidad; ecuanimidad; rectitud; recta administración de justicia; recato; despojado de cualquier injerencia extraña; independencia ni estilo moderado”.

Un par de horas después, Bava rechazó in límine su apartamiento. Aseguró que a su criterio “no resultaba necesario el relevamiento” del secreto de Estado por parte del presidente Alberto Fernández para Macri pero lo hizo en función del pedido de la defensa y el aval de la fiscalía. Y disparó sobre la defensa al señalar que ya habría estado al tanto de la nota de Caamaño en la causa desde el 19 de octubre cuando accedió por primera vez al expediente.

La puja entra la defensa de Macri y Bava sobre la continuidad del juez queda ahora en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata. Por eso llamó la atención que esta vez no resolvió rápidamente antes de la indagatoria, como había hecho la semana pasada, y al mismo tiempo habilitó la prueba solicitada por la defensa. También fijó la audiencia para bastantes días después de la indagatoria, cuando ya esté vigente la veda electoral de las elecciones legislativas. Su resolución sobre el papel de Bava, entonces, quedará para después de las elecciones.

Si llegara a hacerse lugar al apartamiento de Bava del expediente, también se debería apartar de las otras dos causas conexas: la causa D’Alessio y el expediente que investiga el funcionamiento de las bases AMBA de la AFI. La Cámara Federal de Mar del Plata debería designar a un juez federal del área para asumir esta megainvestigación.

La investigación por la que Macri fue llamado a indagatoria busca determinar si desde el gobierno de Cambiemos se buscó controlar -a través de la AFI- los movimientos de los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre fines de 2017 y diciembre de 2018. A Macri le imputan seis hechos de seguimientos, ciberpatrullajes y reportes fotográficos de un grupo de familiares que pedían que el Ara San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017, fuera buscado para poder dar con los 44 tripulantes a bordo.

La denuncia había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño. En la misma resolución en que se citó a Macri a indagatoria, Bava dictó el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quienes les dictó embargos por 20 millones de pesos. También fueron procesados un grupo de funcionarios y agentes que habían sido indagados

La citación fue firmada el 1 de octubre, con la prohibición -además- de Macri para salir del país. En ese momento, el ex jefe de Estado estaba en Miami. La primera convocatoria fue para el 7 de octubre. No se presentó por estar en el exterior. La segunda debía concretarse el 20 de octubre, a las 10 de la mañana. “No vamos”, decidió Macri tras reunirse con su abogado. La nueva convocatoria fue para el 28 de octubre, cuando el ex presidente se presentó pero la audiencia fue suspendida. Tras el decreto presidencial que habilitó el levantamiento del secreto de Estado, la cuarta audiencia está prevista para hoy a las 12.

“No espié a nadie, jamás vi un informe de ningún familiar del ARA San Juan”, dijo en varias entrevistas el ex jefe de Estado.

El juez ahora pendiente la respuesta a un planteo de Macri: la autorización para salir del país entre el 15 y el 25 de noviembre a raíz de una invitación del príncipe de Arabia Saudita. El juez le había prohibido la salida del país el día que lo llamó a indagatoria, pero esa medida fue apelada a la Cámara de Mar del Plata.

A raíz de ese planteo, los querellantes se oponen a que se le dé el permiso para cruzar la frontera. El abogado Luis Tagliapietra, querellante y padre de uno de las víctimas, sostuvo que se debe dictar la prisión preventiva porque ha demostrado riesgos procesales, mientras que la abogada Valeria Carreras -representante de una veintena de fallecidos- afirmó que el presidente podría pedir asilo en otro país.

Infobae